"La Comunidad Autónoma de Canarias no ha trasladado nunca a ningún menor extranjero no acompañado a Andalucía. Es más, en los últimos dos meses no se ha efectuado ningún traslado de menores inmigrantes a la Península". Es lo que sostuvo ayer el Gobierno de las islas después de las acusaciones de la consejera andaluza de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, de que el Ejecutivo canario está enviando a Andalucía de forma presuntamente irregular a menores inmigrantes no acompañados. El tema abrió una profunda brecha entre ambas comunidades.
Navarro aseguró, en una entrevista con Europa Press, que la Junta de Andalucía ha puesto en conocimiento del Gobierno de la Nación, en concreto de la Secretaría de Inmigración del Ministerio de Sanidad y Política Social, el presunto envío ilegal de menores marroquíes desde Canarias a Andalucía. La consejera andaluza informó de que estudian "40 expedientes" de menores remitidos desde las islas. El Gobierno andaluz, explicó la consejera, tuvo constancia de lo ocurrido hace un par de meses a través del testimonio de los propios menores. Según estos niños, el Ejecutivo canario, estaba facilitándoles a través de la Cruz Roja "billetes de avión y autobús para que llegaran a Andalucía y acudieran a algunos de los centros de protección de menores de la región andaluza". La ONG lo negó. La Junta estudia si otros 70 menores podían también estar en esa situación. Es algo que el Gobierno andaluz "no está dispuesto a consentir", advirtió Navarro.
Canarias negó los hechos. La directora general de Protección del Menor del Gobierno canario, Carmen Steinert, envió un comunicado en el que aseguró que desde las islas "nunca" se han trasladado menores a Andalucía y se mostró "sorprendida" porque "en ningún momento" el Gobierno andaluz se ha puesto en contacto con el Ejecutivo canario por ese asunto. Eso a pesar, recalcó, de que tuvo un encuentro con la directora del menor de Andalucía "hace apenas 20 días en Madrid", informa Europa Press.
El Gobierno de Canarias, desbordado por la llegada masiva de menores inmigrantes no acompañados, pidió auxilio y firmó un acuerdo con Baleares y la Comunidad Valenciana para que éstas comunidades se hicieran cargo de algunos de estos extranjeros. Andalucía se ofreció a prestar asesoramiento pero no a acoger menores. En la actualidad la comunidad canaria acoge a unos 1.500 adolescentes en sus centros. Ayer Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia aseguraron que no han tenido "ningún problema" con los traslados de menores extranjeros no acompañados desde Canarias y que la colaboración ha sido "absoluta" tras el convenio de colaboración que firmaron en 2006.
El Gobierno andaluz no ofreció ayer ningún detalle nuevo. La consejera de Igualdad, según fuentes de su departamento, se reafirma en las declaraciones a Europa Press. Navarro aseguró que Andalucía "va a seguir atendiendo a todos aquellos inmigrantes que lleguen directamente a la comunidad", como ha hecho "siempre". En declaraciones a la Cadena SER, la consejera avisó de que la Junta "no está dispuesta a acoger a todos aquellos menores que lleguen a cualquier otra comunidad y que acaben recalando en Andalucía". "Todo tiene un límite", señaló. "No podemos hacernos cargo de todos aquellos menores que lleguen por otras vías", concluyó.
La Junta de Andalucía acoge a 736 menores inmigrantes marroquíes. La mayoría cuentan, informó la Junta, con un expediente para su repatriación, siempre que antes se localicen a sus familias en Marruecos. Desde 2003 el Gobierno andaluz supedita las repatriaciones de menores a que haya una reagrupación familiar. Pero es muy difícil de conseguir. En la mayoría de los casos la Junta comunica los casos a las Subdelegaciones del Gobierno correspondientes, que son los organismos encargados de localizar a las familias y dar luz verde a la repatriación. En muchos casos, avisa la administración, el menor miente sobre su origen y ofrece datos falsos.
Igualdad avisa de que la mayoría de estos menores no están en desamparo, tienen familia y son los propios padres los que los animan a trasladarse a España en busca de oportunidades antes de que cumplan la mayoría de edad. Llegan con 14 o 15 años y quieren trabajar, lo que no es posible. "La semana pasada llamó una madre desde Marruecos pidiendo una plaza para su hijo en un centro de protección de Málaga", relató la consejera.
