Aunque el jueves la consejera andaluza de Igualdad, Micaela Navarro, rehusó convertir la polémica por el desvío a Andalucía de menores inmigrantes procedentes de Canarias en un enfrentamiento entre comunidades, su insistencia en la denuncia y el malestar en el Gobierno isleño hace difícil evitarlo. Si Navarro se ratificó en sus declaraciones de que al menos 41 niños han llegado en los últimos meses a la comunidad tras haber pasado por centros canarios, y exigió que se investigue, ayer su homóloga canaria, Inés Rojas, también pidió a la Secretaría de Estado de Inmigración que aclare los hechos en los que negó cualquier implicación.
En un comunicado, Rojas dejó claro que Canarias "no ha trasladado nunca" a ningún menor extranjero no acompañado a Andalucía. Es más, "en los últimos dos meses no se ha efectuado ningún traslado de menores inmigrantes a la Península", ni siquiera a las comunidades con las que el año pasado firmó un acuerdo al no poder acoger al aluvión de niños extranjeros llegados en cayuco. En su nota, Rojas echa en cara que Andalucía no lo firmase, si bien desde la Junta sostienen que el número de niños llegados a la comunidad siempre ha sido mayor. Actualmente, la Junta los cifra en 800 tras el descenso de llegadas del último año y el Gobierno canario en 500, aunque recuerda que llegó a acoger hasta 1.500.
La consejera canaria insistió en pedir una investigación de la denuncia de la Junta de Andalucía porque no puede "admitir que se sospeche en los más mínimo de que Canarias no trate a los niños procedentes de África siempre dentro de la legalidad".
La responsable andaluza de Igualdad dijo el jueves tener pruebas del paso de estos 41 menores por centros canarios aunque denunció que no a todos se les había hecho la correspondiente "reseña" que se hace en Andalucía para llevar un registro oficial de menores y dejar constancia de que están bajo su tutela. Eso permite que en caso de que se escapen y aparezcan en otra comunidad, ésta pueda saber que proceden de Andalucía y obliga a la Junta a ir a buscarlos para retornarlos al centro correspondiente. Rojas respondió que "jamás actuó de forma contraria a la legislación en materia de menores en protección, sino que veló por sus derechos".
El jueves Navarro también dijo haber intentado contactar varias veces sin éxito con el Gobierno canario. Según Rojas, ese mismo día "por fin" pudo hablar con ella por teléfono "después de una semana" intentándolo. Volvió a reprocharle que hiciera pública su queja sin haberla expuesto en las reuniones interautonómicas aunque la Junta sostiene que lo hizo.
