El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha vuelto a insistir en la necesidad de que se den los condicionantes incluidos en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para autorizar el proyecto del dragado de profundización del río Guadalquivir que promueve la Autoridad Portuaria de Sevilla, señalando al respecto que "no quiero pasar a la historia como el ministro que acabó con el cultivo del arroz en el Guadalquivir y salinizó las marismas de Doñana". La primera de las medidas correctoras que debe cumplirse es evitar la salinidad mediante una iniciativa para la modernización del regadío del arroz llevando a cabo esta labor a través del Canal del Bajo Guadalquivir. En este sentido, fuentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), competente en la actuación, han confirmado a Europa Press la conclusión de la redacción del anteproyecto, que ya se encuentra en el Ministerio en tramitación ambiental.
Así, sobre la acreditación de la desalinización de los cultivos, "algo que nunca se ha abordado", Arias Cañete ha expuesto a los periodistas que el Gobierno ya trabaja para la toma de agua, en la declaración de impacto ambiental de la zona de infraestructuras. De forma paralela, la CHG se encuentra trabajando para buscar la financiación del proyecto, estimada en unos 180 millones de euros. El objetivo es que al menos una parte pueda encuadrarse dentro de la convocatoria de fondos europeos 2014-2020.
Sin embargo, existe un segundo proyecto que es necesario, basado, al igual que el primero, en las conclusiones de la comisión científica, en el cual el Puerto debe presentar un boceto completo con todas las medidas técnicas necesarias para proteger las márgenes fluviales de Doñana, que además debe recabar el visto bueno de la Junta de Andalucía para, posteriormente, ser analizado por el Gobierno de la nación, sobre todo en relación al oleaje que generan los grandes trasatlánticos y que "puede provocar que las orillas se vayan deteriorando y las marismas siendo invadidas por aguas salinizadas". Sobre este aspecto, el presidente del Puerto de Sevilla, Manuel Fernández, indicó a Europa Press que ya se encuentra trabajando en este proyecto, manteniendo su intención de licitar las obras antes de que finalice 2013 al objeto de no perder la financiación con fondos europeos.
NECESIDAD DE "CONCILIAR TODOS LOS INTERESES" "Está todo perfectamente regulado, lo que hace falta son proyectos sólidos, consistentes y de la envergadura necesaria para evitar daños al río en su desembocadura", ha sostenido el responsable estatal de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que ha resumido al señalar que "no nos oponemos al dragado, pero siempre que se den las condiciones medioambientales necesarias y sin perjudicar al sector agrario".
Y es que, según ha agregado, si el dragado se efectúa sin evitar la salinización "acabamos con el cultivo del arroz en las riberas del Guadalquivir". "Hay que proteger todos los intereses en presencia, incluyendo los de agentes económicos establecidos desde hace muchos años con un cultivo tradicional en esta zona: comprendo las necesidades de desarrollo económico, pero también hay que proteger a los agricultores", ha manifestado.
Cuestionado por la premura para evitar perder los fondos europeos, Arias Cañete ha recordado que "todo esto se sabía desde hace muchos años, el Puerto podría haber hecho este proyecto hace casi diez años, cuando se dio a conocer la primera DIA". "Entiendo que se le quiera imprimir velocidad, pero hay que cumplir los requisitos", ha indicado, explicando que "tengo que garantizar el medio ambiente, la continuidad de la actividad agraria y contribuir al desarrollo económico y social de Sevilla y el Puerto, pero hay que conciliar todos los intereses".
"Cuando se den las garantías, no hay limitación para el dragado: todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, el Gobierno también, y lo está haciendo", ha apostillado.
