Si la cara es el espejo del alma, el Ministerio de Empleo fue ayer testigo de lo que la reforma laboral supone para unos y para otros. Los representantes de los patronos, Juan Rosell (CEOE) y Jesús Terciado (Cepyme), visiblemente contentos, sin parar de sonreír, mientras que a los de los trabajadores les costaba mantener la postura para la foto oficial sin mirar al suelo con gesto de desencanto. Eso en Madrid, donde la ministra del ramo, Fátima Báñez, presentó el Decreto-Ley aprobado por el Gobierno el pasado viernes y que supone toda una revolución en las relaciones laborales que regirán en España.
En Córdoba, el secretario general de CCOO en Andalucía, Francisco Carbonero, advirtió sobre las consecuencias de la reforma, sobre todo después de la noche de revueltas vivida en Grecia, un país sumido en el caos donde la pobreza debido a los ajustes impuestos desde Bruselas se abre paso a un ritmo inusitado. Así, aseguró que la medida provocará "un estallido social" de graves e impredecibles consecuencias, ya que el texto aprobado por el Gobierno del PP va más allá, incluso, del "paternalismo de la Dictadura" de Franco.
Carbonero subrayó que "la gente tiene mucho miedo" ante una reforma que no servirá para crear empleo, sino para precarizar el ya existente y para recortar de golpe derechos laborales logrados a lo largo de décadas, retrocediendo hasta tiempos, no ya del inicio de la democracia, sino "hasta antes del Estatuto de los Trabajadores". De hecho, dijo, "es que ni el paternalismo de la dictadura había llegado tan lejos".
Por ello, insistió en que la reforma laboral es solo un ejemplo más de "la sumisión del país a los mercados y al neoliberalismo" y afirmó que la "tan traída y llevada austeridad no afecta a los más ricos, como lo demuestra que el negocio del lujo ha aumentado un 25%". Son los mimbres, según Carbonero, para que en España se produzca el citado "estallido social", ante la "desigualdad creciente" que están provocando todas las medidas que supuestamente deberían ayudar a crear empleo y reforzar la economía.
Sin embargo, su homólogo a nivel nacional, Ignacio Fernández Toxo, y el secretario general de UGT, Cándido Méndez, no dieron el paso al frente de convocar una jornada de huelga general -como temía el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy hace apenas unos días- a pesar de mostrar su desacuerdo con la reforma ante Báñez. Los líderes sindicales trasladaron a la ministra que el Real Decreto-ley aprobado el viernes contiene algunos elementos que podrían ser "inconstitucionales", como el que se discrimine entre empresas de hasta 50 trabajadores y de más de 50 o el que se le asigne a la Comisión Nacional Consultiva de Convenios Colectivos, integrada por sindicatos, empresarios y Administración, la última palabra para decidir sobre el descuelgue de un convenio.
"Hay sentencias del Tribunal Constitucional que impiden que la Administración pueda dictar laudos obligatorios y en esa Comisión está la Administración", recordó Toxo. Así, si la redacción final de la reforma, una vez haya pasado por las Cámaras, se mantiene en sus términos actuales, los sindicatos acudirán al TC. De momento, los servicios jurídicos de las centrales están valorando el contenido de la ley.
Aunque los dirigentes de CCOO y UGT valoraron favorablemente la disposición al diálogo del Gobierno, los dos lamentaron que no se les haya convocado "bastante antes" de que se aprobara la reforma y recordaron al Ejecutivo que el diálogo social no está para usarlo a su conveniencia y como una suerte de subcontrata. Tanto Toxo como Méndez insistieron en que la reforma es "desequilibrada, errónea e injusta", que no favorecerá la contratación sino el despido, y que no ayudará a los parados, "a los que se culpa de que estén en esa situación", ni a los jóvenes en busca de su primer empleo.
Por otro lado, denunciaron que la reforma "invade" el acuerdo de negociación colectiva al que llegaron con la patronal -cuyos representantes no comparecieron ante la prensa-, a la que pidieron que "lo respete íntegramente". Méndez exigió al Gobierno que "suspenda" de la reforma todo lo que ha sido regulado en este acuerdo social.
Y es que el margen para la negociación es pequeño. La ministra de Empleo y Seguridad Social, anunció que abrirá reuniones "de carácter técnico" con sindicatos y empresarios para abordar la reforma -"se abre una ventana al diálogo", dijo-, aunque Toxo y Méndez no quisieron lanzar las campanas al vuelo porque no se trata de una negociación. "Vamos a aprovechar esta oportunidad, haremos aportaciones, pero no queremos levantar falsas expectativas sobre el resultado final. Lo que hay que corregir no son errores técnicos, sino horrores en materia laboral", afirmó Méndez, que dijo que mantienen el calendario de movilizaciones contra la reforma, la primera, el domingo.
A algunas federaciones de estos sindicatos parece saberle a poco. Los secretarios de CCOO y de UGT Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez, respectivamente, auguraron que en España habrá una huelga general si no hay marcha atrás. "No hay fecha para una huelga general pero, si no hay rectificación, estamos en condiciones de augurar otras cosas", aseguró Martínez.
