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Cargas recortables

Todas las empresas y empresarios que operan dentro de la economía legal comparten una serie de costes comunes. Por supuesto, hablamos de las cargas tributarias pero también de las cargas administrativas ligadas al cumplimiento de la normativa pública. Aquellos que operan en la economía sumergida no soportan, ciertamente, estos costes...

el 15 sep 2009 / 10:19 h.

Todas las empresas y empresarios que operan dentro de la economía legal comparten una serie de costes comunes. Por supuesto, hablamos de las cargas tributarias pero también de las cargas administrativas ligadas al cumplimiento de la normativa pública. Aquellos que operan en la economía sumergida no soportan, ciertamente, estos costes, pero no es descabellado pensar que su misma decisión de actuar al margen de la ley está motivada en muchos casos por la existencia y el volumen de las mencionadas cargas.

Las exigencias que desde las Administraciones públicas se imponen sobre la actividad productiva deben respetar un diseño virtuoso, que obstaculice el mínimo imprescindible. Por eso se exige de los impuestos que sean justos y generales, por ejemplo.

De modo similar conviene establecer una vigilancia estrecha sobre esas otras cargas no tributarias: potenciales obstáculos al dinamismo económico cuando no inspiradoras de cohechos varios. Y si bajar impuestos no es el camino (simplemente porque condena automáticamente, no se dejen engañar, a recortar gastos que aquí y hoy son necesarios), debemos investigar el margen de mejora en los asuntos del papeleo administrativo.

La regulación pública exige, a menudo, el cumplimiento de distintos trámites que pueden ir desde la solicitud de licencias, permisos o certificaciones, hasta la obligación de inscripción en registros específicos. Su justificación habitual es la necesidad de proteger a los consumidores o cubrir fallos de mercado: evitar, por ejemplo, que todas las empresas se lancen a tratar al público como ya lo hacen algunas compañías aéreas y muchas de las de telefonía móvil.

No obstante, muchos de los requisitos administrativos pueden resultar excesivos o incongruentes a la vista de los objetivos perseguidos. En no pocas ocasiones el entramado normativo al que se enfrentan los empresarios se experimenta como complejo, prolijo y redundante.

La propia Unión Europea ha acogido esta preocupación e incluye las políticas de mejora de la regulación entre las medidas y los objetivos definidos en la Estrategia de Lisboa. La Comisión estima que el objetivo de reducción de estos costes en el 25%, fijado por el Consejo Europeo el año pasado, supondrá un aumento de la renta agregada del 1,3%.

En España esta preocupación está, poco a poco, teniendo eco. De hecho, no a otra cosa apunta el Plan de Reducción de Cargas Administrativas y Mejora de la Regulación, en cuyo marco el Gobierno central adoptó hace poco un segundo paquete de medidas dirigidas a agilizar y abaratar los costes de constitución empresarial, por ejemplo.

La idea es que con la reducción o ajuste de las cargas administrativas los recursos que las empresas han venido dedicando a tareas no estrictamente productivas podrán destinarse a las que sí lo son. Es necesario, así pues, mejorar la calidad del marco regulatorio por la vía de su simplificación y tenerlo constantemente puesto al día porque ello debería contribuir a incrementar la productividad empresarial, proporcionando nuevas y mayores oportunidades de negocio y empleo. Ahora bien, esto ha de lograrse sin pasarse de frenada poniendo en peligro el equilibrio y competitividad a largo plazo de la economía.

Catedrático de Hacienda Pública

jsanchezm@uma.es

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