El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha acordado enjuiciar al expresidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP provincial, Carlos Fabra, y a su exesposa María Desamparados Fernández, por el caso Naranjax; así como a Vicente Vilar, administrador único de esta empresa, y a su exmujer Montserrat Vives.
El juez Jacobo Pin fija una fianza de 4,27 millones de euros para Fabra y de 1,71 millones para su exmujer. Por su parte, a Vilar le impone una fianza de 800.000 euros, la misma cantidad que a Vives. Si no pagan sus bienes serán embargados. Se les acusa de varios delitos castigados con penas de hasta nueve años.
El juez señala que Fabra y su exmujer, en los ejercicios fiscales entre 1999 y 2004, obtuvieron ingresos que ocultaron a Hacienda y que no se correspondían ni con el patrimonio ni la renta que declararon. En el caso de Fabra, en el escrito se indica que en ese periodo dejó de declarar 693.074 euros. En relación a su exmujer, apunta que no declaró en tres años 428.644 euros. Pin da 10 días a los abogados para formular escrito de conformidad o disconformidad con las acusaciones.
El abogado de Carlos Fabra y de su exmujer es Javier Boix, que también se encarga de la defensa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps en la causa de los trajes dentro de la trama corrupta Gürtel. El juez añade que en 1999 Vilar era el administrador único de la empresa Naranjax, ubicada en Artana (Castellón) y dedicada a la fabricación y formulación de fitosanitarios sintetizados por la mercantil Arcavi, de la que era administradora única su entonces mujer Montserrat Vives.
Asimismo, indica que existen indicios de que Vilar se puso en contacto con Fabra -ya que sus exesposas eran amigas- porque Naranjax tenía varios productos pendientes de aprobación administrativa ante los Ministerios de Agricultura y Sanidad. Fabra accedió a interesarse por la situación de los productos y a mediar ante autoridades y funcionarios para agilizar la tramitación "haciendo valer su condición de presidente provincial".
A raíz de sus actuaciones, el 12 de julio de 1999 se celebró una reunión en el Ministerio de Agricultura entre su titular, entonces Jesús Posadas; Fabra; el exsecretario de Estado de Hacienda y diputado por Castellón, Juan Costa y otros para tratar de los retrasos en la concesión de licencias para los productos fitosanitarios.
El 18 de octubre de 1999 se aprobó uno de esos productos y, a causa de ello, Fabra requirió a Vilar el pago de 150.000 euros. Posteriormente, Fabra propuso a Vilar participar en su negocio con la constitución de una empresa que fuese la titular de los registros que Naranjax obtuviera, y de la que serían socias sus esposas. El 3 de diciembre de 1999 las dos mujeres compraron al 50% una empresa carente de actividad, Artemis 2.000 S.L.
El juez señala que Fabra continuó la labor de mediación a favor de estas empresas ante la entonces ministra de Sanidad, Celia Villalobos. El 28 de abril de 2000, Fabra constituyó la mercantil Carmacas S.L., junto con sus hijos, y "en concepto de pago por unos supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca fueron entregados", facturó en julio de ese año a Arcavi 34.800 euros. En ese momento, ni Arcavi ni Artemis tenían trabajadores.
Mientras que el PP de Castellón se apresuró ayer a arropar al expresidente provincial y a pedir respeto a la presunción de inocencia, desde la sede del PP en la calle Génova de Madrid Alberto Fabra, Alicia Sánchez-Camacho e Ignacio Diego firmaron una ponencia, hecha pública el viernes, por la que el PP se compromete a obligar a que deje el cargo público a quien tenga un procedimiento judicial que dañe al partido o a la institución pública a la que pertenezca. La imputación judicial significará un expediente disciplinario, y asimismo prohíbe la aceptación de favores aunque sean legales para dar "ejemplo".