El coordinador provincial del PCA y exdelegado de Economía y Empleo en el último mandato de PSOE e IU, Carlos Vázquez, negó ayer que los avisos del interventor municipal o la auditoría Deloitte sobre los desfases presupuestarios de la Fundación DeSevilla y deficiencias en el control interno de sus cuentas aludieran a facturas falsas o sin relación con proyectos reales de cooperación. El problema, dijo al juez que investiga presuntas irregularidades en la gestión de las ayudas municipales a DeSevilla, es que las subvenciones del Consistorio llegaban tarde y había que anticipar el gasto pero la cantidad adelantada no era reconocida como válida en la justificación de la subvención y engrosaba el déficit de la entidad. Todo esto era un desbarajuste provocado por el régimen de subvenciones al que se tenía sometida a la fundación, alegó. Vázquez declaró ayer durante cinco horas como imputado después de que en abril el exgerente de DeSevilla en proceso de liquidación por el actual Gobierno municipal, Miguel López Adán, reconociera irregularidades en la gestión de las ayudas y asegurara que Vázquez, como vicepresidente de la fundación, estaba al corriente de todo, por lo que el fiscal pidió la imputación del líder del PCA. Tras acceder a la documentación de DeSevilla, el PP denunció presuntos delitos societarios, de apropiación indebida, malversación, falsedad documental, fraude en subvenciones, contra la hacienda pública e infidelidad en la custodia de documentos por parte del patronato de la misma entre 2007 y 2011, presidido por el exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín y del que también formaban parte el actual portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos y varios ediles. El juzgado de Instrucción 16, que investiga la causa, encargó un informe a la Guardia Civil según el cual DeSevilla destinó 936.000 euros de subvenciones a fines distintos a los previstos sin justificar los proyectos de cooperación. El archivo informático con la contabilidad de la fundación fue borrado el día antes de que cesara López Adán. Si el exgerente apuntó que Vázquez impulsaba realmente las funciones del patronato y estaba al corriente de todo, éste reconoció ayer que presidió en nombre del alcalde todas las reuniones y que en éstas se veían los proyectos, se aprobaban las cuentas y también se informó de los avisos de Deloitte y del interventor, aunque defendió que éste nunca ha manifestado ni demostrado que no quedara acreditada la relación entre los gastos realizados y las ayudas sino que se presentaban fuera del plazo de ejecución de una subvención por lo que no valían para justificarlas, lo cual no implica que fueran para fines distintos. No obstante, señaló que la tramitación y la llevanza de las subvenciones era algo que vinculaba al señor López Adán, gerente de DeSevilla, y a la delegación de relaciones internacionales, al frente de la cual se encontraba Antonio Rodrigo Torrijos. Entre estas subvenciones se encuentran la destinada a comprar un horno crematorio en La Habana, de la que dijo que solo sabe que ni se ejecutó la subvención, ni se pagó por parte de la fundación ni se reconoció como deuda o la dirigida a adquirir ordenadores para la central de trabajadores de la capital cubana, que se ejecutó en parte. Alegó ignorar que se pidiera ampliar el plazo para justificar los proyectos pero supone que tales ampliaciones fueron autorizadas por Torrijos y atribuyó a López Adán las facturas relacionadas con la subvención a estos proyectos a la que luego se renunció. Las facturas se anularon pero aseguró que no eran falsas ni se elaboraron a propósito de la justificación de un acto comercial ficticio sino que implicaban un pago y una deuda real. Admitió que desde 2007 se detectaron desajustes presupuestarios e insistió en que el responsable era el Ayuntamiento, que no materializaba las subvenciones en fecha ni las concedía tampoco en fecha. El déficit llegó en 2010 a 1,5 millones de euros y él mismo propuso solicitar al Ayuntamiento la aportación para cuadrar las cuentas, cuantía en la que se compensó la subvención a la que se renunció pero que no se devolvió pese a haber recibido el 75%. También reconoció que hasta octubre de 2009 no se regularon en la fundación unas normas de contratación y selección. Hasta entonces era el criterio del señor López Adán el que se seguía para contratar al personal y no era supervisado por el patronato.