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Carmen Espejo: «No hay dinero para pagar las lágrimas que he derramado»

Ha estado seis años privada de disfrutar de sus dos hijas. Ahora, la Justicia le da la razón a Carmen Espejo y ha condenado a la Junta a indemnizarla con 140.000 euros por el daño moral causado. Ella considera que es una cantidad "ridícula" para lo que ha sufrido y, por eso, recurrirá el fallo al Tribunal Supremo.

el 16 sep 2009 / 02:56 h.

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Ha estado seis años privada de disfrutar de sus dos hijas. Ahora, la Justicia le da la razón a Carmen Espejo y ha condenado a la Junta a indemnizarla con 140.000 euros por el daño moral causado. Ella considera que es una cantidad "ridícula" para lo que ha sufrido y, por eso, recurrirá el fallo al Tribunal Supremo.

"No hay dinero que pueda pagar las lágrimas que he derramado durante los seis años que estado sin mis hijas". Así se expresaba ayer Carmen Espejo, la segunda madre a la que la Junta de Andalucía tendrá que abonar una indemnización por la retirada irregular de sus hijas, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya condenado a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social a abonarle 140.00 euros.

Su caso recuerda al de Carmen Fernández, la madre de Iván y Sara, que fue indemnizada con 1,7 millones de euros por la retirada irregular de sus dos hijos, aunque con dos diferencias. En el caso de Carmen Espejo, ella sí pudo recuperar a tiempo a sus dos hijas, pese a que transcurrieron seis años desde que fueran desamparadas; la madre de Iván y Sara sólo pudo volver con su hija y ella no supo que había ganado el pleito porque la sentencia del Tribunal Constitucional se hizo pública un mes después de su muerte.

La sentencia del TSJA estima parcialmente el recurso presentado contra la Junta y fija una indemnización de 40.000 euros para Carmen Espejo, la misma cantidad para cada una de sus dos hijas y 20.000 euros para la abuela materna. El abogado de Carmen, Enrique Carrasquilla, solicitó para todas ellas 1,8 millones de euros, pero el alto tribunal andaluz considera que es una cantidad "manifiestamente desproporcionada". El letrado, en cambio, calificó la cuantía de "absolutamente, miserable y ridícula", pues "no repara el daño, aunque haya recuperado a sus hijas, eso era de justicia". Por ello, Carrasquilla ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal Supremo. "Sigo con la toalla en las manos y no pienso tirarla", dice en este sentido Carmen. Espejo, dispuesta a continuar su lucha, después de que peleara hasta lograr un trabajo fijo en Lipasam y un piso para poder recuperar a sus "niñas", tal y como "me pedían".

Las hijas de Carmen fueron declaradas en desamparo el 3 de abril de 2000. La más pequeña, que tiene minusvalía psíquica, permaneció en un centro de menores, mientras que su hermana mayor fue entregada en preadopción a una familia, por lo que las hermanas no pudieron verse hasta el 7 de abril de 2007, cuando ya ambas se reunieron de nuevo con su madre. "Las dos están de maravilla y ninguna quiere hablarme del pasado", decía ayer Carmen entre lágrimas.

Ella asegura que sus niñas están ahora "muy bien" y que ninguna de las dos le cuenta nada "ni del centro ni de la otra familia" porque no quieren pensar en el pasado que les privó de volver a ver a su abuelo, que no pudo ver el final feliz.

Ahora, para Carmen los días en que tenía que "cerrar la habitación de las niñas con llave" porque no podía verla vacía han quedado muy lejos.

«La Junta fue cruel con las niñas»

La sentencia del TSJA es bastante dura con la actuación de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, que califica de "cruel" con las madre y las niñas.

Según el fallo "el daño es ilegítimo porque se trata de un supuesto en el que la Administración se debió abstener de intervenir sobre la guarda y custodia". Además, asegura que la situación de desamparo, ratificado por el Juzgado de Familia 17 y luego rechazado por la Audiencia, se prolongó "excesivamente por circunstancias en buena medida imputables a la Administración".

En este sentido, el letrado de Carmen, Enrique Carrasquilla, calificó al servicio de Protección de Menores como "un Guantánamo andaluz", porque "las madres no pueden ni ver a sus hijos".

La presidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos del Menor, Asunción García Acosta, lamentó la falta de políticas preventivas con las familias y se preguntó "qué interés tiene la Junta por machacar a los más débiles", ya que aseguró que "todas las familias que pierden a sus hijos son pobres". Además, criticó la diferencia de medios "entre la administración y las madres", por lo que pidió "peritos y trabajadores sociales de oficio" para que estas madres puedan "luchar en igualdad".

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