El futuro del edificio municipal de Diego de Riaño y el acuerdo laboral para 2009 han abierto un nuevo enfrentamiento en el Gobierno local. El alcalde y la Junta de Gobierno han desautorizado públicamente al edil Emilio Carrillo, quien ha respondido con una vehemente defensa de sus competencias.
Con las listas europeas cerradas y con el Gobierno andaluz ya conformado, Emilio Carrillo ha vuelto a situarse en el epicentro de un enfrentamiento interno en el Ayuntamiento. El delegado de Recursos Humanos se enfrentó esta semana con la decisión del consejo que se celebra previo a todas las juntas de Gobierno de excluir del orden del día el polémico acuerdo de negociación laboral para 2009, que cuenta con un informe contrario de Intervención y que provocó un enfrentamiento público del edil con el regidor que se cerró con un acuerdo plenario forzado por una propuesta presentada por el PP. Tampoco entró un plan de productividad para el colectivo de los conductores respaldado por el propio Carrillo. Con estos dos expedientes rechazados sobre la mesa, el que fuera vicealcalde y, ahora, referente del sector vierista en el Ayuntamiento, afrontó ayer una desautorización pública por parte de la portavoz del Gobierno, Maribel Montaño, en nombre de la Junta de Gobierno.
A primera hora de la mañana, con los informes técnicos de Bomberos y de los peritos de Edificios Municipales -que avalaron que el edificio municipal ubicado en Diego de Riaño no sufre daños estructurales y es, por tanto, seguro- encima de la mesa, Emilio Carrillo acordó, como presidente del comité de seguridad laboral, que los empleados no vuelvan al inmueble -desalojado el pasado martes tras una serie de vibraciones- mientras no haya informes detallados de Urbanismo, Mantenimiento y la firma Vorsevi, éste último para que acredite los trabajos realizados desde que hiciera un estudio en 2006. Además, se instaba a las áreas afectadas a buscar otra ubicación. Así lo ratificó Carrillo a los líderes de UGT y CCOO y en declaraciones a Europa Press.
Unas horas después se reunió la Junta de Gobierno. La portavoz, Maribel Montaño, difundió los acuerdos de la sesión -a la que no acudió Carrillo- y desautorizó el pacto alcanzado por Recursos Humanos con los sindicatos para cerrar el edificio en contra del criterio expresado por el delegado de Edificios Municipales, Joaquín Díaz -secretario de organización de Triana y afín a José Antonio Viera-, cuya área firmaba uno de los estudios que avalaba la seguridad del inmueble. 'Los informes que tenemos en nuestro poder son taxativos y concluyentes. El Gobierno considera que los empleados deben volver a desarrollar la actividad normal. Así se le comunicará al delegado de Personal'.
Representantes de UGT y CCOO anunciaron su intención de denunciar el caso en los tribunales o a la Inspección de Trabajo e instaron a los empleados a no acudir a sus puestos, una decisión que afecta a las delegaciones de Salud y Consumo y de la Mujer, que tenían sobre su mesa los dos informes técnicos favorables a regresar en el edificio. Ambas remitieron un escrito a la Delegación de Recursos Humanos para que aclarase en qué situación se encontraba el proceso y adoptar así una actitud ante los empleados.
Emilio Carrillo completó el cruce de declaraciones por la tarde con un claro envite al alcalde: 'La Junta de Gobierno local carece de competencias legales. Las competencias están legalmente fijadas en el alcalde y, por delegación, en Recursos Humanos. Asumo toda la responsabilidad de la decisión. Si me han dado las competencias, será para que las ejerza'.
Carrillo ya anunció hace varias semanas su intención de 'abrir un periodo de reflexión' sobre su continuidad en el Gobierno local, una vez que se confirmó la continuidad de Alfredo Sánchez Monteseirín, ratificado por el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves. Poco después de estas declaraciones, se alcanzó el acuerdo entre los dos sectores del PSOE, escenificado en la visita de Viera y de una delegación de la Ejecutiva al Consistorio. La situación de Carrillo ha vuelto a abrir el enfrentamiento.
