Emilio Carrillo escenificó a primera hora de la mañana de ayer su intención de mantener el pulso con el alcalde en torno al edificio municipal de Diego de Riaño y al acuerdo laboral de 2009. Ordenó a los trabajadores que no entrasen en el inmueble, contra el criterio del resto del Gobierno, e instó a las delegaciones a reubicarlos.
El propio alcalde admitió que había una "disparidad de criterios" en el Gobierno local respecto a dos acuerdos alcanzados por Emilio Carrillo con los sindicatos, pero le restó importancia e incidió en que se lograría un acuerdo entre las áreas afectadas. Ayer, aún no se había producido. El delegado de Recursos Humanos acudió a primera hora de la mañana al edificio municipal de Diego de Riaño, decretó su cierre, instó a las delegaciones afectadas a reubicar a los empleados y ordenó a todos los trabajadores que no tengan ubicación a que dejen de acudir a sus puestos de trabajo mientras no haya una solución. Así constó por escrito, pese a que sólo un día antes la portavoz del Gobierno había defendido que la plantilla debía volver a sus puestos y a que un informe de Bomberos y otro del área de Edificios Municipales garantizaban la seguridad del inmueble. El regidor anunció ayer que habría un acuerdo, y de hecho, hubo intentos de mediación de concejales como el responsable de Patrimonio, Alberto Moriña, según explicaron fuentes sindicales. Pese a esto, no se logró el acuerdo.
La portavoz del Gobierno local y el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, admitieron los problemas internos generados en torno a la figura de Emilio Carrillo. "Es una cuestión de diferencia de criterios entre distintos delegados. Como alcalde, he querido compartir estas opiniones, porque no me gustan las alcaldadas. Queremos la vuelta de los trabajadores, con las garantías adecuadas y la satisfacción de todas las partes afectadas", indicó el regidor, quien trató de restar importancia al conflicto: "No se debe interpretar lo ocurrido según dinámicas del pasado ya superadas".
Monteseirín se refería así a que las diferencias surgidas en torno al edificio de Diego de Riaño no se enmarcan en una confrontación entre el sector de concejales afín al alcalde y el sector próximo a Viera. De hecho, el informe favorable al regreso de los trabajadores está firmado por el área que dirige Joaquín Díaz -secretario de Organización de Triana, agrupación dirigida por Susana Díaz- y afecta a dos delegaciones -Salud e Igualdad- con delegadas próximas a la Ejecutiva Provincial. "Sus criterios son diferentes a los del resto del Gobierno", subrayó Montaño. La portavoz fue la encargada de anunciar oficialmente el bloqueo del acuerdo laboral firmado por Carrillo y los sindicatos. Éste fue ratificado en Pleno con una maniobra del Gobierno local -contrario a los términos del pacto por su coste-, que dejó un margen para la rectificación. El texto final apoyado por unanimidad -y recogido en parte en los presupuestos- matizaba que el pacto se debía ajustar a la normativa. Y eso implica que se cumpla el informe de Intervención que apunta cuestiones como que no se puede cubrir la totalidad de las vacantes, ya que la cuota legal de reposición es del 30%. Para que el acuerdo tuviera validez debía pasar por Junta de Gobierno. "No estaba suficientemente madurado y necesitaba un mayor estudio pues tenía dificultades legales para, tal y como venía, ser aprobado", argumentó Maribel Montaño.
