Cuidado este verano si le entra la tentación de cambiar su vida, venderlo todo y comprar una de las envidiables casas en primera línea de playa a precio de chollo. Puede tratarse de una estafa, una casa afectada por la Ley de Costas. Ni en el Registro de la Propiedad ni en la notaría le advertirán de ello.
Y es que la Ley de Costas, norma nacida para defender la ribera del mar de la ocupación privada y para limitar la presión urbanística en las zonas cercanas, ha dejado ya miles de afectados que han visto desaparecer su propiedad mientras otros intentan librarse del "muerto".
Es el caso de Carmen del Amo, presidenta de la Plataforma Nacional de Afectados por la Ley de Costas, constituida el pasado 7 de enero. Compró un piso en La Albufereta, de Alicante, a una anciana canadiense, de 92 años, que deseaba "regresar a morir a su país". La nueva casa iba a ser vivienda y despacho profesional para su marido. Para adquirirla, vendieron el piso familiar y completaron el gasto con un crédito de 20 millones de pesetas.
Antes, comprobaron en el Registro de la Propiedad que la casa estuviera "limpia", sin cargas. Compraron en abril de 2004. No sabían -tampoco el vendedor- que en marzo del mismo año se había autorizado el deslinde por el que la casa dejaría de ser suya. "Nosotros, al no tener hijos, confiamos el futuro a nuestros ahorros. Están todos aquí. Si nos pasa algo, como mi marido es autónomo, me veo durmiendo en la playa".
La Ley de Costas de julio de 1988, a punto de cumplir 20 años, introdujo criterios nuevos para definir la ribera del mar, ampliándola, respecto a las leyes anteriores. Así, viviendas construidas junto a la playa o el acantilado, en su momento legalmente, pasaron a estar en espacio público. Los propietarios dejaron de serlo y su derecho se limita a obtener una concesión para seguir ocupando su vivienda 30 años ampliable a otros 30.
Pero no todas se conceden. Entre 2004 y 2007 se solicitaron 1.309 licencias y se han otorgado 340, según datos oficiales. Además, esta concesión puede ser rescatada por el Estado para derribar el edificio. Entonces, la indemnización es del coste inicial de la vivienda. No admite la revalorización de la primera línea de playa.
100 metros tras la ribera . Además de la ribera del mar, en donde no puede haber propiedad privada, la ley establece una "zona de protección" de 100 metros en la que no se puede construir y en la que los edificios ya construidos se someten a limitaciones. En áreas urbanas, esta zona es de al menos 20 metros.
Además, la ley crea una "zona de influencia" de 500 metros edificable pero en la que se han de impedir las aglomeraciones y el "efecto pantalla" de las construcciones verticales. En ella es preceptivo el informe positivo de la Jefatura de Costas de la zona. Pero no se aplica con rigor, a juzgar por casos como Marina D'Or, urbanización en Oropesa del Mar en la que se amontonan 10.000 apartamentos y cinco hoteles. Arenales del Sol, en Alicante, es caso idéntico y, según a ley, son pisos ilegales.
