Cuatro años se cumplen mañana desde que la Policía Nacional irrumpió en Camas y se llevó a varios concejales del equipo de gobierno por un supuesto intento de soborno. Cuatro años después el juicio sigue sin fecha, pero la habrá antes de finales de 2009.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, tras remitir esta semana una providencia a las partes, sólo está pendiente de que, con un límite de cinco días, le presenten sus conclusiones para fijar fecha para un juicio que se está haciendo esperar, sobre todo porque la defensa fue recurriendo cada uno de pasos dados para encauzar a los cuatro acusados. En este empeño, la defensa logró incluso que fueran anuladas parte de las grabaciones realizadas de las conversaciones entre los implicados en una supuesta trama para comprar el voto de la ex concejal de IU Carmen Lobo en un pleno que tuvo lugar el 13 de septiembre de 2005.
Pero que hayan pasado cuatro años tampoco es una excepción. Basta recordar un caso reciente y cercano: el de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Fue un intento de soborno a un concejal del PP por parte de miembros del PSOE y de algunos empresarios del municipio ocurrido en 1999. Con el soborno, se perseguía que el munícipe no acudiera a la votación de la moción de censura que el PP y el PA habían presentado en contra del equipo de gobierno del PSOE para que así no saliera adelante. Los acusados no se sentaron ante un jurado popular hasta 2006. ¡Siete años después!
Los imputados del caso Camas también se las verán con un jurado popular, con el que el juez tiene previsto fijar próximamente la audiencia. Se trata del ex alcalde de Camas y actual coordinador local de IU, Agustín Pavón (IU), los que fueran ediles de su equipo de gobierno José del Castillo (ex PA) y Antonio Enrique Fraile (ex PP) y el empresario de Bormujos Eusebio Gaviño.
La Fiscalía de Sevilla solicita para los acusados un año y medio de prisión por el presunta pago de 12.000 euros como adelanto para la supuesta sobornada a cambio de su voto. Inicialmente eran cinco los imputados, pero el ex concejal del PP en Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas quedó fuera porque su nombre sólo aparecía en unas conversaciones cuyas grabaciones fueron anuladas tal y como reclamaba la defensa.
Pero el hecho de que las pruebas más sustanciosas, es decir las mencionadas grabaciones de unas conversaciones en las que se hablaba burdamente de recalificaciones y reparto de beneficios fueran anuladas no implica, en opinión del juez, que no se vaya a seguir con el procedimiento. En la providencia dada a conocer esta semana el magistrado deja claro que hay pruebas suficientes para sentar en el banquillo a los ex concejales y al empresario.
Entre esas pruebas está el sobre con 12.000 euros, dado que tras ser denunciado el caso por la presunta sobornada a la Policía Nacional los agentes estaban al tanto e interceptaron la cantidad en plena entrega en una taberna de Sevilla. También se considera prueba un manuscrito de uno de los imputados donde se señalaban los puntos del orden del día incluidos en el acuerdo.
Los acusados defienden su inocencia. Y mantienen la tesis de que todo se debe a una trama orquestada por el PSOE para hacerse con la alcaldía, que por cierto, ostenta desde hace unos meses por la dimisión de un ex alcalde de IU, Juan Pazos. Éste terminó tan mal considerado en su partido que la propia coalición de izquierdas no puso trabas para que los socialistas, que habían sido los más votados en 2007, consiguieran el poder.
