Todo empezó un 29 de marzo de 2006, o más bien, salió a la luz a partir de esa fecha. Por primera vez se vio una imagen desde entonces repetida más de lo deseable. A primera hora de la mañana, un ayuntamiento, el de la hasta entonces capital del lujo, Marbella (Málaga), fue rodeado por furgones policiales y hasta 150 agentes irrumpieron en las dependencias municipales para sacar detenidos a gran parte del gobierno municipal, con la alcaldesa Marisol Yagüe (ex del GIL y entonces del grupo mixto) a la cabeza y el asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca.
Fue el comienzo de una operación contra la mayor trama de corrupción municipal, que se remonta a los años 90 con Jesús Gil como alcalde, cuando Roca, presunto cerebro de la trama, se convirtió en su persona de confianza para hacer y deshacer a su antojo las tropelías urbanísticas. 95 imputados se sentarán en el banquillo para responder de esta trama dentro de un mes.
Entre ellos hay dos ex alcaldes -Julián Muñoz y Marisol Yagüe, que derrocó a su antecesor vía moción de censura instigada por Roca-, numerosos ex ediles y empleados municipales, empresarios, abogados y hasta un jefe de Policía Local y un funcionario judicial. Otros tres permanecen huidos de la justicia: los ex concejales Carlos Fernández (PA) y Javier Lendínez (GIL), y el empresario Carlos Llorca. Juntos urdieron presuntamente, o hicieron la vista gorda, a una red de concesión de licencias de obras a cambio de comisiones, creación de empresas pantalla -desde Gibraltar a las Islas Vírgenes- usadas para adquirir o negociar con bienes municipales, blanqueo de capitales (hasta 240 millones), sobornos, falsificación documental y un largo etcétera por el que se enfrentan a décadas de cárcel y a multas millonarias.
Tras una instrucción de cinco años que ocupa 200.000 folios en 196 tomos, el 27 de septiembre comenzará el macrojuicio para el que incluso se ha acondicionado la Ciudad de la Justicia de Málaga, construida en ese tiempo. Aunque fue en marzo de 2006 cuando se desencadenó la primera fase de la operación (a la que siguieron otras dos en junio y noviembre de ese mismo año), si de la instrucción principal se han extraído piezas separadas en las que se repiten algunos implicados, la primera pista de este caso también derivó de otro. En marzo de 2005, el jefe del servicio jurídico de Urbanismo del ayuntamiento, Jorge González, en el caso Ballena Blanca fue llamado a declarar como testigo por las presuntas irregularidades en el hotel Guadalpín, de la constructora Aifos.
El titular del juzgado de instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, autorizó unas escuchas telefónicas que apuntaron a la trama de corrupción municipal.Torres se convirtió en juez estrella como primer instructor de Malaya, una causa que luego heredó el juez Óscar Pérez, más controvertido por dejar en libertad provisional de Roca, presunto cerebro de la trama, previo pago, eso sí, de un millón de euros de fianza. Luego volvió a la cárcel por piezas separadas. También tuvo su minuto de gloria por dictar el auto que imputó a la cantante Isabel Pantoja, ex pareja de Julián Muñoz, en una causa aparte.
El juicio se celebrará en la Sala Primera de la Audiencia de Málaga bajo la presidencia de su titular, José Godino. Se prevé que dure un año con sesiones los lunes, martes y miércoles de 10.00 a 14.30 horas para evitar, según explicó el magistrado en una entrevista a Efe, que se solape con una causa precisamente derivada de ésta, el caso Minutas. Los 95 imputados no tendrán que acudir cada día, sólo una vez al mes y cuando se trate su supuesta implicación en los hechos.
Durante los cinco años transcurridos, la operación Malaya ha copado titulares no sólo de la crónica juidicial y política sino incluso de la prensa rosa, ante la popularidad de personajes como Julián Muñoz y las dos mujeres de su vida: su ex esposa Mayte Zaldívar y su ex pareja Isabel Pantoja. Las bolsas de basura en la que la primera veía almacenar el dinero en su casa, sin hacer preguntas; la ausencia de visitas de Pantoja a Muñoz en la cárcel que desataron los rumores, luego confirmados, sobre su separación; la imagen de la entrada en prisión de la tonadillera, finalmente imputado (salió bajo fianza y se subió a un escenario a los pocos días) se han colado en este tiempo en los programas de corazón.
Julián Muñoz llegó a conceder una entrevista en exclusiva a Telecinco tras recibir el tercer grado penitenciario, en noviembre de 2008, por la que cobró 350.000 euros que el juez le embargó. Para el recuerdo quedan también las imágenes del cuadro de Miró colgado en el cuarto de baño de la mansión de Roca. En los registros domiciliarios de los principales imputados llegaron a incautarse 275 obras de arte, 103 caballos purasangre, un helicóptero, catorce coches de lujo y cinco furgonetas, cinco kilos de joya y un sinfín de bienes valorados en más de 2.400 millones.La expectación mediática ante el juicio ha llevado a la Consejería de Justicia a invertir 500.000 euros en el acondicionamiento y, sobre todo, la dotación de medios técnicos, de la sala de vistas (de 350 metros cuadrados) y otras colindantes para su uso como sala de prensa y de realización con el fin de emitir en varias pantallas las sesiones y dar señal audiovisual a los medios.
La condena o no de los procesados y su castigo se desvelará tras el macrojuicio. Pero hay una incógnita que en estos años no se ha resuelto: el origen del ya famoso nombre con el que la Policía bautizó a la operación. Circulan varias versiones, desde que corresponde al inicio de Málaga y Ayamonte (Huelva) como los límites iniciales de la red o la que lo vincula al nombre y apellido de Marisol Yagüe. Pero la que más éxito tiene es la más peliculera, que alude al sistema de tortura de la gota malaya usada para hacer confesar a los reos duros como una roca.
