Domingo Enrique Castaño, el ex asesor del Grupo Municipal socialista, ha recurrido su imputación ante el juez que investiga las supuestas irregularidades en la Federación de Vecinos Unidad, alegando que "no existe ningún indicio de actuación delictiva" por su parte y que es "completamente ajeno" a los hechos denunciados por el PP. Castaño, imputado también en el caso Mercasevilla, califica de "sorpresiva" su imputación, pues el PP pidió "su declaración simplemente como testigo" y el fiscal ni siquiera solicitó que declarara.
En su recurso, el abogado de Castaño, José Manuel García-Quílez, recuerda los "graves perjuicios personales, familiares, sociales e incluso económicos" que provoca la condición de imputado, más aún cuando el procedimiento "goza de una difusión pública que hace que los medios de comunicación permanezcan atentos a todas sus incidencias". Unas circunstancias que generan "un juicio paralelo en el que no se dan ni de lejos las mínimas garantías a las que tiene derecho todo inculpado".
El letrado también insiste en que, además de la ya conocida "pena de banquillo" que sufre todo imputado, en estos casos mediáticos "se anticipa aún más en el tiempo la indeseable sanción, pues el simple imputado es sometido también a la denominada pena de telediario o pena de portada de periódico", lo que hace que tenga que soportar "el desproporcionado revuelo mediático, periodístico, fotográfico y televisivo que provoca acudir al juzgado a prestar declaración".
Por ello, el abogado mantiene que estas circunstancias sólo están justificadas "si existen unos mínimos indicios que permitan atisbar la participación del imputado en los hechos", con lo que, además, se le garantiza el derecho de defensa. Si no hay pruebas suficientes, "como ocurre en este caso, la imputación debe evitarse a todas luces", ya que, en lugar de garantizarle su derecho a la defensa, "le originará esos graves perjuicios personales, familiares, sociales y económicos que supone la imputación".
Para el letrado la participación en los hechos "brilla claramente por su ausencia" porque no hay ninguna documentación, ni ninguna declaración de testigo o imputado que le implique en los hechos. Por ello, el abogado lamenta que el PP haya intentado "aparentar" que el fax enviado desde el grupo municipal socialista a Unidad con supuestas instrucciones sobre cómo elaborar una factura falsa "pudo ser remitido" por Castaño. Sin embargo, para García-Quílez el "único hecho con el que han pretendido sustentar tal falsedad" es destacando que Castaño compatibilizó su cargo de asesor socialista con el de secretario de Unidad, lo que "no es ilícito".
Además, critica que los esfuerzos de los populares por acreditar la implicación de Castaño en la supuesta elaboración de facturas falsas "son mínimos, por no decir inexistentes", ya que se basan "en las dos o tres veces" que el ex asesor trató como cliente con el propietario de Copyur, empresa que presuntamente colaboró en realizar los documentos falsos.
Para el PP, en cambio, Castaño es el cerebro de Mercasevilla y el hombre que relaciona ambos casos con el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, que ya declaró como testigo por Unidad.
