F.V.
El nuevo plan urbanístico que prepara el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos busca una vía para legalizar la inmensa bolsa de parcelaciones ilegales -y de amenazas de demolición por parte de la fiscalía-. Pero el alcalde deja claro que serán sus residentes los que correrán con los gastos.
El avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castilblanco estará expuesto al público de modo excepcional durante dos meses y, además de adaptar a la Ley del Suelo andaluza (Loua) el urbanismo local, buscará resolver el mayor de los problemas de ordenación que tiene el municipio: junto al pueblo -5.000 habitantes- se alzan tantas edificaciones ilegales en suelo protegido que forman un pueblo paralelo.
Con el fin de digerir ese bocado de unas 500 viviendas (en Las Minas, La Zarzuela y la urbanización San Benito) el alcalde, Segundo Benítez (PSOE), establece "dos vías de trabajo", explicó ayer antes de presentar el avance del PGOU.
La primera, de mera disciplina urbanística, consistirá en inventariar la totalidad de las edificaciones que se alzan en suelo no urbanizable.
Estas viviendas ocupan una superficie cinco veces mayor que el propio pueblo y la falta de infraestructuras -calles sin asfalto, sin agua corriente o saneamiento, pozos ilegales, deficiente recogida de basuras, entre otros- ponen muy difícil su asimilación para un pueblo pequeño.
Recalificaciones. La segunda vía de actuación con estas viviendas buscará firmar acuerdos con los propietarios para que ellos costeen la llegada de estos servicios básicos. Un coste que un abogado especializado, Eduardo Tornay, calcula en 25 ó 30 euros por metro cuadrado como mínimo, más una tasa de otros 30 euros el metro cuadrado para acometer los sistemas generales.
Según avancen las conversaciones entre el Ayuntamiento y los propietarios los terrenos de sus casas podrían recalificarse en una fase posterior de la redacción del PGOU (a cargo del arquitecto Alfredo Linares) de suelo protegido a urbano no consolidado o urbanizable no sectorizado.
Donde no haya acuerdo las casas quedarían fuera de ordenación, aunque Benítez intentará que no se produzcan más derribos que los que ya cuentan con una sentencia firme detrás.
