La Generalitat de Cataluña está "trabajando con el Gobierno" para endurecer la Ley Antitabaco, según anunció la consejera de Salud de la administración catalana, Marina Geli. Geli declaró ayer, cuando visitaba a la primera catalana del año que "la Generalitat descarta endurecer la ley en solitario" y que "se está buscando consenso" para hacerlo en el ámbito español o incluso "en el europeo".
Según Marina Geli, quien valoró de manera positiva que ayer hiciera tres años de la aplicación de la Ley Antitabaco que endurecía la normativa impidiendo fumar en muchos locales públicos, explicó que se está negociando con el sector de la hostelería, pero que son ellos "los que creen que el cambio legal debería estar amparado por España o incluso por la UE".
"Las razones son de salud pública porque en este momento muchos trabajadores de locales pequeños son fumadores pasivos", justificó Marina Geli. En todo caso, se mostró partidaria de "restricciones más amplias" que las actuales en la normativa contra el tabaco en España.
Desde que hace ahora tres años entrara en vigor la Ley Antitabaco, está no ha disminuido la venta de cigarrillos. A 30 de noviembre de 2008, se han vendido tan sólo 185.479 cajetillas menos que en el mismo periodo del año anterior. Según datos del Comisionado Nacional del Tabaco, hasta el 30 de noviembre de este año se vendieron en España 4.119,1 millones de cajetillas de cigarrillos, frente a las 4.119,2 del año anterior. A fecha de 30 de diciembre de 2006, el año en el que entró en vigor la ley, se vendieron 130 millones de cajetillas menos que en 2005 y en 2007, un total de 49 millones de cajetillas menos que en 2006.
Las ventas se han incrementado este año en ocho comunidades autónomas: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia, Aragón, Asturias, Madrid, Extremadura y La Rioja. Por su parte, han bajado en Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Navarra, País Vasco y Andalucía, mientras que en Cantabria han permanecido estable.
Además, este mapa de ventas no coincide con el de los diferentes desarrollos de la ley que han realizado las comunidades autónomas, cuatro de los cuales fueron recurridos por el Ministerio de Sanidad al considerar que rebajaban el nivel de exigencia.
