El Parlamento catalán aprobó ayer la Ley de Consultas Populares por Vía de Referéndum con los votos de los grupos del tripartito, que posibilita la convocatoria de referendos sobre competencias de la Generalitat y los ayuntamientos, aunque para ello se requiera de la autorización del Estado. La nueva ley, la primera que regula la convocatoria de referendos que aprueba un Parlamento autonómico, contempla que puedan ser convocados por el Gobierno catalán, por dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados, por el 10% de los municipios -95 con un mínimo de 500.000 habitantes-, o también por un 3% de la población catalana, con la recogida de firmas.
El texto ha sido aprobado por PSC, ERC e ICV-EUiA y rechazado por la oposición (CiU, PPC y mixto), y permite promover plebiscitos sobre "cuestiones políticas de trascendencia especial para la ciudadanía en el ámbito de las competencias de la Generalitat".
El consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, destacó ayer que la normativa es "ambiciosa y moderna", supone un fortalecimiento de la democracia porque se dota de un instrumento de participación directa de los ciudadanos, y aseguró que ha sido elaborada "con toda la pulcritud" para adaptarse al Estatut y a la Constitución, lo que no impide que permita avanzar "hacia el derecho a decidir".
