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Cataluña no se presenta a la Conferencia de Política Universitaria

Consideran inadmisible el tratamiento de la lengua catalana en el anteproyecto de la reforma de la ley educativa.

el 05 dic 2012 / 10:59 h.

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El secretario de Universidades e Investigación de la Generalitat de Cataluña, Antoni Castellà, no ha asistido a la Conferencia General de Política Universitaria que este miércoles daba comienzo en el Ministerio de Educación a las 10.00 horas, confirmándose así el anuncio realizado por el Gobierno catalán a través de un comunicado.

La ausencia del responsable del ramo en Cataluña se suma al abandono que el martes protagonizó durante la Conferencia Sectorial de Educación la consejera de Enseñanza en funciones de la Generalitat al considerar inadmisible el tratamiento de la lengua catalana en el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Rigau denunció este martes que con la nueva Ley el ministro de Educación, José Ignacio Wert, quiere dividir a la sociedad catalana y "desorientar" a las familias con la lengua. Asimismo, aseguró que el anteproyecto "uniformiza" y "centraliza" el sistema educativo al introducir categorías de materias y al dotarse el Estado y los centros de más capacidad para decidir los currículums en detrimento de las autonomías con el objetivo de debilitar el modelo.

MODELO DE ACCESO CATALÁN "EN RUINAS"

En esta ocasión, el Ejecutivo catalán quiere denunciar con su ausencia que el anteproyecto presentado por el Ministerio, además de suponer "una agresión al Estatut", deja "en ruinas" el modelo catalán de acceso al sistema universitario catalán.

Precisamente los representantes autonómicos tienen como objetivo este miércoles abordar los aspectos de la reforma educativa que tienen que ver con la educación superior y el acceso a a Universidad y entre los que destaca la sustitución de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) por una evaluación al finalizar el Bachillerato.

Según afirmó Castellà este martes, el texto del anteproyecto "expulsa" el catalán de la troncalidad en el sistema educativo en las etapas obligatorias, y otorga al Estado la competencia de determinar los criterios básicos que deberán fijar las universidades para acceder a ellas.

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