La aprobación del proyecto de ley de financiación de las Comunidades Autónomas y la celebración de la Diada, así como las manifestaciones de algunos políticos y no políticos de Cataluña, han puesto de nuevo en el primer plano informativo la situación de esta Comunidad en el Estado. Como telón de fondo está la sentencia del TC sobre su Estatuto, que, como la espada de Damocles, amenaza su futuro, tal y como se desprende de la información que está suministrando la prensa.
En este escenario, las declaraciones se suceden y sube el tono de las mismas, sobre todo de los políticos catalanes, pues hay muchos que están esperando a que se pronuncie el Constitucional para descargar toda una batería de protestas si, según parece, se produce un recorte en el texto autonómico.
Durante demasiado tiempo la política catalana y su relación con el resto del país se han convertido en el centro del debate político, tapando así otras cuestiones que posiblemente le interesen más a los españoles. Pero la cuestión catalana es un buen recurso para desviar la atención de otros problemas; así ha ocurrido en esa comunidad y en la política general.
Y a decir verdad es una buena táctica, pues la nación, los nacionalismos, los himnos y las banderas, tienen la virtud de desatar pasiones, provocar reacciones encontradas y con ello polarizar la atención de la ciudadanía, al mismo ritmo que crece el descrédito de los políticos. Así, estos temas colocan la necesaria participación ciudadana y las intervenciones de nuestros representantes en el escenario de la irracionalidad donde todo es posible y, por supuesto, donde se puede mentir sin miramientos.
En este contexto, el Tribunal Constitucional debe asumir la importancia que su fallo tiene para la resolución, y si es posible para la pacificación, de una confrontación que ya dura demasiado tiempo. Para ello debe considerar que la Constitución es un texto eminentemente político, con un necesario revestimiento jurídico que le dota de eficacia al mismo tiempo que de estabilidad y seguridad.
Un texto político que no asegura una idea de nación española, es decir de la de toda la vida, pues pone el énfasis en el Estado Democrático y Social, entendido éste como una construcción de las relaciones de convivencia y del poder, en el que debe primar la igualdad real de todos los españoles y españolas desde la diversidad de sus posiciones, situaciones o identidades. Hablamos pues de una construcción racional que se debe ir adaptando a la evolución y transformaciones sociales y políticas, siendo así que es esto último lo que la dota de estabilidad y de la necesaria permanencia en el tiempo.
Parece que los problemas que se pueden plantear en la resolución del recurso de inconstitucionalidad no están referidos a los derechos fundamentales, pues si así fuera el enfoque tendría que ser diferente, ya que constituyen un pilar imprescindible para la Democracia. Parece que tampoco están concernidas las instituciones que garantizan el Estado de Derecho, pues en tal caso se tendría que ser muy riguroso con el Estatuto.
Por el contrario, parece que las cuestiones en debate están referidas a la estructura territorial del Estado y a la tan traída nación, sea española y catalana, y estas deben ser analizadas desde otra óptica más política, que tenga en cuenta que el Estatuto ha sido validado por los representantes de la soberanía y ratificado por los más directamente concernidos con su contenido, es decir, el pueblo de Cataluña.
Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide.
