La negociación del nuevo sistema de financiación es uno de los grandes retos a los que se enfrentará la Junta en esta legislatura. El PSOE-A sólo pactará un modelo multilateral y que garantice la suficiencia financiera y la solidaridad territorial. La propuesta catalana, conocida ayer, recorta la solidaridad e insiste en consensuarla sólo con el Estado.
La renovación del sistema de financiación de 2002 es una de las asignaturas pendientes del anterior Gobierno de Zapatero. En este mandato será uno de los asuntos clave y que desatará tensiones entre las comunidades.
El Estatuto andaluz, que recoge principios generales de la financiación autonómica pactados y aprobados por PSOE y PP, será propuesto por los socialistas andaluces como la llave de un acuerdo entre Zapatero y Rajoy en esta materia. El Estatuto defiende que la población sea la piedra angular que defina el reparto del dinero del Estado entre las autonomías. Además, apunta a la solidaridad entre territorios como un principio ineludible y deja claro que el sistema se definirá de forma multilateral, es decir, entre todas las comunidades y el Gobierno -en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El PSOE-A utilizará estos principios para frenar las ambiciones que Cataluña fijó en su Estatuto y no pactará ningún modelo que se salte las líneas básicas que sostiene Andalucía. Sin embargo, la Generalitat no está dispuesta a rebajar sus aspiraciones. Ayer se dio a conocer su propuesta, que marca cuál ha de ser el punto de partida de la negociación, y dista mucho de la andaluza.
Los catalanes quieren recortar la solidaridad y negociar la financiación de forma bilateral, sólo con el Estado. Así consta en el documento Modelo de financiación de la Generalitat. Pautas básicas para el despliegue del Estatut de Autonomía de Cataluña, al que tuvo acceso Efe y que se entregó el jueves a los socios del tripartito en una reunión que mantuvo el consejero de Economía, Antoni Castells, con los representantes de la parte catalana de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales.
Solidaridad nivelada. La principal novedad se establece en los mecanismos de nivelación que han de regir los principios de solidaridad territorial, donde se señala que "si el peso de los servicios esenciales del Estado de Bienestar representan entre el 65% y el 75% del total del gasto público autonómico, se nivelarán el 100% entre el 65% y el 75% de los recursos, y el resto, entre el 35% y el 25%, no se nivelará". Los servicios esenciales son los que corresponden a sanidad, educación y otros servicios básicos y el documento recuerda que "en la mayoría de los países federales en los que existen mecanismos de nivelación, estos son de carácter parcial, como, por ejemplo, Alemania y Canadá".
Los mecanismos de nivelación tendrán en cuenta tanto el índice de gasto -los recursos necesarios para prestar el nivel medio de los servicios esenciales de la Generalitat- como el índice de capacidad fiscal -los recursos potenciales-. Para el índice de gasto, el documento señala que "la variable básica es la población, rectificada por los costes diferenciales, y la población inmigrante". La densidad de población o el número del personas excluidas socialmente serán variables con "un papel secundario".
El sistema de nivelación se actualizará cada cinco años y el objetivo de este modelo, según señala el documento y también recoge el Estatut, es "la aproximación a los recursos de las comunidades forales". Como explicita el texto, "hasta ahora en las negociaciones de financiación autonómica se redistribuían todos los recursos, pero a partir de ahora habrá que determinar qué parte de los ingresos tributarios autonómicos es objeto de nivelación y qué parte no lo es".
El documento también preserva la bilateralidad entre Cataluña y el Estado, ya que la negociación ha de tener lugar en el seno de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat.