El Parlamento catalán aprobó ayer la primera Ley de Educación de Cataluña (LEC), un proyecto para convertir los centros educativos en lugares con plena autonomía para decidir sobre los ámbitos pedagógico, educativo, de recursos humanos, y materiales, junto a la rendición de cuentas frente a la administración y a la comunidad educativa.
La LEC otorga a la Generalitat la competencia exclusiva en materia lingüística, por lo que determina que la lengua vehicular del sistema educativo sea el catalán. Con esto, blinda la inmersión lingüística en catalán e impide que se curse una tercera hora de castellano. No obstante, la ley garantiza la "suficiencia" de conocimiento del castellano, así como asegura un "buen nivel" de una tercera lengua.
Así, más allá de ser una reordenación de la enseñanza, la ley busca fomentar prácticas concretas que ayuden a mejorar el rendimiento escolar en cada entorno y en cada centro puntualmente a través de la autonomía de cada escuela y de la definición de proyectos educativos singulares y que tengan en cuenta el entorno socioeconómico de la escuela, creando redes de escuelas unidas por proyectos comunes. En este cometido, el Gobierno arbitrará y hará las funciones de legislador, inspector, evaluador del sistema, regulador de los órganos de participación y consulta y atribución de conciertos, entre otras.
En este nuevo reparto de competencias, los ayuntamientos podrán crear nuevos centros escolares de Infantil, formación de adultos y enseñanzas artísticas, así como determinar la oferta formativa de su territorio y fomentar las actividades extraescolares, lo que se conoce como municipalización. En los centros, por último, el papel del director se verá también reforzado, ya que se considera una autoridad pública.
