Economía

Catedráticos cuestionan la eficacia de la reforma laboral

Ni solventa la temporalidad ni fomenta los fijos y sí abarata el despido

el 15 oct 2010 / 21:19 h.

Luis Miguel Pons (Instituto Cajasol), Aurora Cosano (Junta) y Fernando Yélamos, ayer.

Sede del Instituto de Estudios de Cajasol en Tomares, Sevilla, ayer. Se convoca un debate sobre la última reforma laboral con la asistencia de un sindicalista, tres catedráticos, un alto cargo de la Administración autonómica y un representante de la patronal andaluza, con Fernando Yélamos, abogado y socio director del bufete Yélamos, como moderador.

Las intervenciones de los agentes sociales, antagónicas, ya se conocían, así como la defensa de la Junta de Andalucía de la norma aprobada por el Gobierno central. Sorprende, en cambio, el énfasis que dos de los catedráticos ponen cuando resaltan que antes de esa reforma ya había flexibilidad en el mercado laboral español y que ahora habrá más.

Son Antonio Ojeda y Manuel Ramón Alarcón -éste también es magistrado de lo Social en el Tribunal Supremo-. Sentencia el segundo de ellos que la reforma facilita el despido, cree excesiva la tasa de temporalidad en España, y escandalosa en la Administración pública, y considera que los cambios legales no la atajarán porque no se ha afrontado con rigidez el abuso en la contratación por obra y servicio ni las subcontratas. En cuanto a la contratación indefinida, no augura un despegue, y ahí está el volumen de millones de euros en bonificaciones empresariales que se han puesto sobre la mesa y no la han empujado. "La cultura de lo temporal está asentada en las empresas", comenta. Las palabras del primero son incluso más contundentes. "España es el país del mundo con más flexibilidad pues creó más empleo que nadie antes de la crisis y lo ha destruido más que ninguno durante ella", indicó.

Alarcón ironizó al preguntarse qué más quería la patronal en cuanto al abaratamiento del despido, teniendo en cuenta que incluso al empresario le convendría que todos sus despidos fueran declarados improcedentes ya que ni siquiera pagaría 33 días por año trabajado con los contratos de fomento del empleo -que con la reforma se generalizan-, sino 25 al restarle los 8 que asume el Fogasa -es decir, el Estado- y, encima, se ahorraría un dinero en salarios de tramitación.

El magistrado del Supremo denunció también la vaguedad con la que el legislador, esto es, el Gobierno, ha redactado el articulado de las causas económicas del despido, con expresiones e hipótesis futuribles -por ejemplo, por pérdidas previstas- que, a su juicio, aportan una función flexibilizadora adicional, al tiempo que defendió a los jueces para que introduzcan "razonabilidad" al analizar tales imprecisiones.

Ojeda señaló que la reforma laboral incluye una "flexibilidad a la española", con la generalización del contrato con un despido de 33 días por año trabajado, una ETT sin trabas, el descuelgue de convenios sectoriales (subida de salarios), el pago de indemnizaciones con cargo al Fogasa, el mayor control sobre el absentismo de los trabajadores, etcétera.

Llegados a este punto, este catedrático destinó un apartado a esa ausencia injustificada sobre la que habían polemizado anteriormente el sindicalista José Manuel Guerrero, de UGT, y Antonio Moya, adjunto a la secretaría general de la patronal CEA. Lo calificó de escandaloso, sobre todo en el sector público.

Pese a la flexibilidad, Antonio Ojeda matizó que esta reforma incorpora elementos de seguridad contractual, como los límites a los contratos por obra y servicio y a los encadenamientos, si bien admitió la existencia de "agujeros" por los que colarse el empresario. Y lamentó que el "diluvio" de subvenciones a los empleos fijos no sea efectivo.

El catedrático del Derecho al Trabajo y presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia legal en Recursos Humanos, Salvador del Rey, comentó dos ideas en las que todos los ponentes -se exceptúa a la delegada de Empleo en Sevilla, Aurora Cosano, que dedicó su intervención a hablar de la necesidad de la reforma en el SAE- estuvieron de acuerdo. Primera, que la reforma laboral no contenta a nadie. Y segunda, que no invertirá la tendencia del mercado de trabajo ni del paro.

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