Un optimismo cauteloso sobrevoló ayer la publicación de los últimos datos del Ministerio de Trabajo sobre las cifras del paro del mes de julio, que ha registrado un descenso de 20.797 personas, la mayor caída en un mes de julio desde 2004. Pese a que el desempleo encadena su tercer descenso mensual tras 14 meses consecutivos de subidas, tanto el Gobierno como los partidos y agentes sociales coinciden en augurar un nuevo repunte de las cifras tras el verano, aunque esperan que ese aumento sea a menor ritmo que a finales del año pasado.
El número total de desempleados está ahora en más de tres millones y medio (3.544.095 personas) y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, tiene claro que aún no se puede hablar de un cambio de tendencia o de que la crisis se haya superado, aunque sí confía en que la brutal destrucción de empleo de los últimos meses comience a ralentizarse lentamente. Así las cosas, cada cual arrima el ascua a su sardina y, mientras los empresarios reclaman medidas estructurales para impulsar la economía y animar la contratación, los sindicatos exigen mayor protección social para los desempleados sin prestación. En el debate político se cruzan los ataques del PP (el paro baja porque es verano y por las medidas adoptadas por el Gobierno, y ya veremos lo que pasa en otoño) y la autocomplacencia del PSOE (las medidas del Ejecutivo están funcionando) cuando lo que cuenta es que cada parado que firma un contrato es una tragedia familiar menos que sumar a la nefasta nómina sustentada, según se ve cada vez con más claridad, sobre el enriquecimiento ilícito de unos pocos con la temeraria anuencia de quienes pudieron evitarlo.
Es hora de actuar, todos a una, no sólo para dejar esta lista en sus valores mínimos, sino para acabar de una vez con las condiciones que favorecen la especulación, el lucro ofensivo, el desprecio por los débiles y la escandalosa impunidad.
