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CCOO-A y UGT-A muestran su rechazo a la posible ilegalización de Facua y señalan que es un aviso a "toda la sociedad"

el 14 sep 2012 / 11:56 h.

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Los secretarios generales de CCOO y UGT en Andalucía, Francisco  Carbonero y Manuel Pastrana, respectivamente, han mostrado  públicamente este viernes su rechazo a la posible ilegalización de la  organización de consumidores Facua por parte del Gobierno central, al  tiempo que han advertido de que esta situación es un "aviso a toda la  sociedad".

Además, ambos secretarios generales han firmado el manifiesto de  apoyo a Facua y han decidido asociarse a la organización de  consumidores.  

El secretario general de CCOO en Andalucía ha mostrado su apoyo y  compromiso con Facua y ha criticado que las políticas del Gobierno  intentan recortar derechos y desprestigiar y, en este caso,  ilegalizar a las organizaciones que defienden los intereses de la  sociedad. "Esta situación lleva a una situación ruinosa de mutilación  de derechos y recortar libertades", ha subrayado.

Según ha indicado el Gobierno del PP hace la política que  "ideológicamente tiene en su cabeza" y, por tanto, "no se trata de  una equivocación", sino que "intenta aprovechar la crisis y el miedo  de la gente para dar un apretón a la sociedad, limitar su capacidad  de acción en beneficio de los especuladores y los que no han metido  en esta situación".

Por su parte, el secretario general de UGT-A, Manuel Pastrana, ha  señalado que todas las organizaciones sociales están "sufriendo desde  todas las instancias de poder que controla el PP un boicot  sistemático" a través de "eliminar las comisiones donde participan y  donde tratan los asuntos que tienen que ver con los trabajadores".

"Lo que pasa con Facua, y con los sindicatos desde que llegó el  PP, es un intento sistemático de boicot del derecho constitucional de  los ciudadanos a organizarse para defender sus derechos", ha  subrayado.

De esta manera, ha destacado que en la marcha a Madrid de este  sábado 15 de septiembre se dirime en las calles, "único espacio de  manifestación que ha dejado el Gobierno", si el derecho  constitucional de los ciudadanos a organizarse en asociaciones para  defender sus intereses "sigue vigente o si se queda anulado por el  boicot sistemático por el PP".

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