Los sindicatos CCOO y UGT se pronunciaron ayer después de que la jueza Mercedes Alaya, que instruye el caso del presunto fraude de los fondos de Empleo de la Junta de Andalucía, impusiera una fianza civil subsidiaria para ambas organizaciones tras la detención de dos de sus dirigentes supuestamente implicados en el cobro irregular en las pólizas financiadas con dinero público. En concreto, Alaya impuso una fianza civil de 251.000 euros al secretario general de UGT en Cádiz, Salvador Mera, y de 471.352 euros al exsecretario de Desarrollo Industrial de CCOO-A, Roberto Carmona, ambos acusados de malversación. La magistrada determina la responsabilidad civil subsidiaria de ambos sindicatos, por lo que en caso de ser condenados ambas organizaciones deberían de afrontar el pago del dinero.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, defendió ayer que el sindicato acreditará que la organización cobró por un trabajo que permitió que casi 700 trabajadores de la Faja Pirítica de Huelva accedieran a la prejubilación. En su opinión, en el auto tiene mucho peso una afirmación que no tiene soporte de un representante de una mediadora que fue encausado en su día, y lo que se viene a plantear es que las organizaciones sindicales cobraron unos recursos económicos sin hacer el trabajo que justifique el cobro y, remarcó, eso no es así.
El auto se centra en los expedientes de regulación de la denominada Faja Pirítica de Huelva, en la que trabajaban 1.200 trabajadores en empresas que desaparecieron como consecuencia de la crisis de la minería de las piritas. El propósito del sindicato, dijo Méndez, es acreditar con documentación en el procedimiento, en el momento procesal oportuno, que efectivamente lo que se ha cobrado es porque se ha hecho ese trabajo.
El sindicato CCOO-A anunció que prevé recurrir la cuantía establecida por la jueza. Fuentes de CCOO indicaron a Europa Press que a diferencia de la detención irregular de Roberto Carmona, el hecho de incluir a la Federación de Industria de CCOO en el auto como responsable subsidiario es considerado habitual. El sindicato actuará mediante los correspondientes recursos.
Nuevo acusado // Dentro de la instrucción, la jueza acusó ayer a Juan Antonio Florido, exsecretario de Organización de la Federación Textil de CCOO-A, de haber cobrado cuatro pólizas irregulares y haber ofrecido a la mediadora Vitalia el paquete completo de una empresa en crisis y financiación pública. Florido se acogió a su derecho a no declarar ante la jueza, quien le imputó presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias por las cuatro pólizas que cobró del ERE de la empresa sevillana Hytasal, hasta los 265.015 euros.
En el auto de imputación, al que tuvo acceso Efe, Alaya le acusa de hacer labores de captación y facilitador para la mediadora Vitalia, a la que gracias a sus relaciones con los comités de empresa aportaba información sobre compañías en crisis y les ofrecía el paquete completo que suponía un ERE, con prejubilaciones y financiación pública garantizada.
Según el atestado de la Guardia Civil, Florido había dejado de trabajar en Hytasal en 1999 y fue incluido como beneficiario en el ERE de 2003.Ahora la juez le ha imputado que las pólizas fueron una forma de remuneración por la labor desempeñada en paralelo a su actividad sindical. La Fiscalía ha pedido una fianza civil de 265.015 euros y la prohibición de que salga de España.
Ayer también comparecieron ante Alaya las esposas de dos sindicalistas de la UGT de Jaén, incluidas como intrusas en el ERE de la empresa Hytemasa, en la que nunca trabajaron. Ambas han sido imputadas de malversación y tráfico de influencias y han declarado a la juez que creían estar cobrando una indemnización por despido de su marido en la empresa jiennense Cárnicas Molina.
Alaya ha citado a declarar hoy como imputados al exviceconsejero de Empleo de la Junta Justo Mañas y a dos cuñados del conseguidor de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas.
Un millón de fianza a otro ex alto cargo La jueza que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de un millón de euros al exdirector general de Presupuestos de la Junta Buenaventura Aguilera, imputado en la causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y para quien la Fiscalía Anticorrupción no solicitó fianza civil alguna, a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes.
Zoido señala la responsabilidad de Díaz El presidente del PP-A, Juan Ignacio Zoido, aseguró ayer que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, tiene responsabilidad política en el caso de los ERE y si no lo ataja le terminará salpicando, aunque precisó que desde el punto de vista judicial no está a nivel de sus predecesores. Por su parte, el vicesecretario general del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, reclamó ayer a los órganos jurisdiccionales competentes que reaccionen para evitar que se produzcan nuevas prescripciones de delitos relacionados con el caso de los ERE, que, en su opinión, generan alarma entre la sociedad.
