El Ministerio de Economía anunció ayer que la Comisión Europea le ha remitido una carta física advirtiéndole de que el decreto andaluz antidesahucios puede hacer descarrilar el objetivo de estabilidad financiera al que se comprometió España hace un año. En la misiva, Bruselas traslada al ministro Luis de Guindos que la ley autonómica para el fomento de la vivienda puede provocar una caída en el valor de los activos inmobiliarios que repercutiría negativamente a la estabilidad del mercado financiero español.
El ministerio se negó a mostrar ayer el contenido íntegro de la carta como ocurrió con el primer email que envió Bruselas para interesarse por el decreto, pero confirmó la veracidad de algunas expresiones y garantizó que el mensaje no era un requerimiento de información, sino un recordatorio explícito de que España está obligada a hacer honor a los compromisos contraídos en el memorándum de entendimiento, el documento que recoge las exigencias que Bruselas impuso a España a cambio de prestarle 40.000 millones de euros para sanear la banca. Desde la Comisión ni confirman ni desmienten el contenido de la carta.
La preocupación de las autoridades europeas, siempre según el ministerio, es que la ley andaluza pueda desestabilizar el mercado inmobiliario español, provocar subidas en la prima de riesgo, hacer caer el interés de los inversores extranjeros por los activos inmobiliarios del país e interrumpir la reapertura del crédito bancario a empresas y particulares. Al parecer los inspectores de la troika (Comisión, Banco Central Europeo y FMI) han llegado a esta conclusión tras su visita a Madrid, el pasado mayo, después de revisar las cuentas de los bancos intervenidos y de recabar información sobre el decreto que le fue requerida al Ministerio de Economía. La Abogacía del Estado estudia el encaje del decreto con la reforma hipotecaria estatal, pero el Gobierno no ha decidido aún si presentará un conflicto de competencias en los tribunales para dejar la medida en suspenso.
El decreto antidesahucios, en vigor desde abril, permite sancionar con hasta 9.000 euros a los bancos con viviendas vacías en propiedad, y expropiar a aquellos que estén a punto de desahuciar a una familia. Andalucía, según los últimos datos del INE, cuenta con 637.000 pisos sin habitar, y una cuarta parte están en manos de bancos, según la Junta. De momento la norma ha paralizado siete desahucios (dos en Granada, dos en Málaga, dos en Huelva y uno en Cádiz) y ha iniciado la inspección del parque de viviendas para localizar pisos vacíos al objeto de estimular el alquiler. 17 bancos ya han entregado a la Junta la lista de sus VPO vacías. Entre las entidades obligadas a declarar los pisos deshabitados que poseen está el Sareb o banco malo, que tendría muchas dificultades para cumplir con su obligación de vender los activos tóxicos inmobiliarios que ha absorbido de otros bancos, dice la carta.
Andalucía impulsó esta ley para evitar desahucios (45 diarios desde 2007) a familias en riesgo de exclusión, y la medida tuvo tal impacto que regiones como Canarias y Cataluña anunciaron políticas similares, algo sobre lo que también se detiene la carta de la Comisión.
Éste el segundo mensaje que Bruselas le hace al Gobierno de Mariano Rajoy sobre la supuesta incompatibilidad de la norma andaluza con las condiciones del rescate europeo a la banca española. El acuerdo del rescate financiero obligaba a De Guindos a informar a la troika sobre cualquier medida no incluida en el pacto que pudiera enturbiar el objetivo del plan. El ministro advirtió a Bruselas sobre el decreto andaluz, y la troika acaba de responder que, en efecto, la norma va más allá de la necesaria protección de las familias más vulnerables y es incompatible con los esfuerzos para mantener la estabilidad financiera.
UE: No queremos interferir, pero nos preocupa el decreto andaluz La Comisión Europea confirmó ayer a este periódico que la carta remitida al Ministerio de Economía versa sobre la preocupación real de Bruselas acerca del perjuicio que puede provocar el decreto andaluz en la estabilidad financiera. La Comisión es plenamente consciente del problema de la vivienda en España. El Gobierno español ha aprobado una legislación para abordar la crisis de los desahucios, cuya aplicación tendrá que ser supervisada por Bruselas. España ha tratado de conciliar dos preocupaciones de la Unión Europea (UE): la protección de los deudores hipotecarios más vulnerables y garantizar la estabilidad financiera. La Comisión no tiene ningún deseo de interferir en la legislación adoptada a nivel regional. Sin embargo, tenemos la preocupación de que el decreto andaluz va más allá de un enfoque equilibrado para abordar el tema de los desahucios. El decreto podría ser visto como un debilitamiento de los activos inmobiliarios. Concretamente nos preocupan las sanciones y expropiaciones temporales que impone el Gobierno andaluz a los bancos así como la confusión que genera el reparto de competencias en materia de vivienda entre el Estado y la comunidad autónoma. En conjunto, nos tememos que estos factores pueden aumentar la incertidumbre en el mercado inmobiliario español, desalentar a los inversores extranjeros y retrasar el saneamiento del mercado financiero, afirman fuentes comunitarias.
33Bruselas muestra especial inquietud porque el decreto también incide sobre los activos tóxicos del banco malo o Sareb (la amenaza de expropiación podría dificultar la venta de dichos activos). En conclusión, el rescate bancario podría sufrir un serio retraso. Por ello, hemos recordado a España sus compromisos con la estabilidad financiera, que es una condición previa para una recuperación económica más amplia. Es necesario aclarar la legislación y evitar contradicciones entre la ley estatal y autonómica que podría derivar en un conflicto en los tribunales y, en consecuencia, socavar la confianza de los inversores y las perspectivas de recuperación.
Cortés: El decreto es constitucional y lo seguiremos aplicando Como ningún miembro del Gobierno andaluz ha visto la carta de Bruselas (ni la primera ni la segunda) y como, al trascender el primer email, el portavoz oficial de la Comisión Europea aclaró que se trataba sólo de un requerimiento ordinario de información y que estaba lejos de ser una llamada de atención sobre la norma andaluza (como dio a entender el Ministerio de Economía), la Junta optó ayer por reaccionar con cautela. Dados los antecedentes, con el episodio de la anterior supuesta carta de la Comisión que al final nadie aclaró, lo prudente es guardar distancia y esperar a comprobar qué grado de oficialidad tiene el nuevo mensaje, dijo ayer la consejera de Vivienda y Fomento, Elena Cortés. La Junta no teme un recurso inminente del Gobierno ante el Tribunal Constitucional, porque la norma ni siquiera es definitiva. El proyecto de ley está todavía en fase parlamentaria, aún podría cambiar vía enmiendas, y hasta que no se apruebe de forma definitiva no puede tener efecto una suspensión cautelar, dicen desde el departamento de Cortés. Lo que sí podría ocurrir es que el Gobierno presente un conflicto de competencias que deje en suspensión cautelar el decreto, pero Cortés recordó ayer que la norma se aprobó en el marco de competencias del Gobierno andaluz y bajo el paraguas jurídico de la Constitución. Seguiremos desplegando todas las facultades de un decreto que da cumplimiento al programa electoral de IU y al pacto de Gobierno de Andalucía, concluyó Cortés.
A colación del primer mensaje de Bruselas, incluso el PP andaluz se aventuró a garantizar que el Gobierno de Mariano Rajoy no recurriría el decreto antidesahucios. El objetivo último de la norma es forzar a bancos, inmobiliarias y promotores a abrir el parque de viviendas, so pena multas si se niegan a ponerlos en alquiler. De Guindos cree que esta política pone en riesgo la cuenta de resultados de las entidades financieras y, por extensión, hace que se tambalee el plan de rescate que firmó con Bruselas hace algo más de un año.
