Economía

Ceacop cree que "no es bueno para Andalucía" posible gobierno de coalición PSOE-IU

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.

El presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción y la Obra Pública de Andalucía (Ceacop), Enrique Figueora, considera que "no es bueno para Andalucía" que se forme un gobierno andaluz de colaboración entre PSOE e IU, toda vez que, según asegura, en materia de construcción y obra pública, ambas formaciones "tienen ideas totalmente distintas".

Figueroa ha indicado a Europa Press que las elecciones autonómicas del 25 de marzo han dejado un escenario "complicado" y cree que "no es bueno para la región las coaliciones nunca son buenas, tenemos la experiencia del tripartito de Cataluña", tras lo que ha agregado que PSOE e IU tienen dos conceptos totalmente diferentes sobre como gestionar la región".

No obstante, espera que el resultado de las negociaciones "vaya bien y que se empiece a trabajar rápido por salir de la crisis", de forma que pide al futuro Gobierno andaluz que "salve la obra pública" e hizo una llamada al futuro Gobierno autonómico para que la Consejería de Obras Públicas "tenga una estabilidad importante y necesaria". Subraya que "hay que evitar los cambios de sus máximos responsables, como ha pasado en la última legislatura y que ha ralentizado los ritmos de contratación y toma de decisiones en la obra pública".

Sobre la convocatoria de huelga general para el 29 de marzo, Figueroa cree que "no es el momento ni para la nación ni para nadie que el país vaya a la huelga" y considera que "al nuevo Gobierno se le deban dar días de plazo".

Figueroa ha presidido la celebración de la asamblea general de Ceacop, donde ha asegurado que el sector de la construcción "está muy vivo", aunque ha mostrado su preocupación por su situación ante la crisis, tras lo que ha indicado que "la licitación prevista para obra pública este año es cero y sólo tenemos previstas actuaciones de conservación y poco más, mientras que para 2013 también será prácticamente cero en materia de infraestructuras".

Tras lamentar la bajada de las adjudicaciones en todas las administraciones, Figueroa ha indicado que el asunto de los cobros atrasados "es la medida del Gobierno central más importante de los últimos tiempos", ya que de ella "dependerá la viabilidad futura de las empresas y licitaciones, y prácticamente las perspectivas para este año y el próximo son casi nulas".

COBROS PARA MAYO

En ese sentido, ha indicado que ahora mismo se está tramitando los papeles para el cobro de atrasos por parte de los proveedores, de forma que calculan que "en mayo empezaremos a cobrar, al menos los primeros recibos".

Ha apuntado que deberá mejorar el empleo en la región, toda vez que "si no se decida ninguna apartado presupuestario a temas productivos se seguirá destruyendo empleo".

Durante la asamblea, la asociación ha recordado los logros alcanzados en los meses más recientes, para facilitar la actividad de las empresas y que en muchas ocasiones han estado a la vanguardia de las medidas acordadas en diferentes consejos de Gobierno.

Entre ellos se encuentra el reconocimiento de la deuda de las administraciones con las empresas de obra pública, que se hizo público el pasado año en palabras de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas, así como por la consejera de Obras Públicas y Vivienda. Ha recordado que en 2012 tiene previsto realizar el pago de 112 millones de euros pendientes por infraestructuras finalizadas.

En este sentido, desde la asociación lanzan la petición de que el Gobierno autonómico "se adhiera al plan de pagos promovido por el Estado para saldar las deudas pendientes de la Administración con las empresas y así liberar su tesorería".

DEUDA

"El pago es una inyección económica para no seguir destruyendo empleo. Va a salvar empresas y autónomos", matiza Enrique Figueroa, presidente de Ceacop, quien ha destacado el compromiso de los agentes licitadores para la eliminación de la exigencia de avales provisionales, una medida adoptada tanto por organismos de la Administración andaluza, como del Gobierno central, y que supone un ahorro en costes para los contratistas del sector público.

Además, Figueroa ha querido subrayar que las constructoras y consultoras andaluzas no pueden soportar más demoras ni en la ejecución de las obras ni en los pagos pendientes por parte de las administraciones públicas.

Figueroa ha señalado que la deuda actual de la Junta de Andalucía con las empresas de obra pública alcanza los 1.200 millones de euros, a lo que se suman los 1.250 millones de euros que adeudan los ayuntamientos a constructoras y consultoras.

Lamenta que en los últimos cuatro años, "se ha acrecentado la situación de asfixia económica que padecen las empresas del sector", de forma que "los malos datos en la contratación de obras públicas han provocado la destrucción de 350.000 empleos en Andalucía, en los tres últimos años, mientras que para 2012 el horizonte es totalmente desesperanzador y deja en situación de peligro a los 200.000 trabajadores que actualmente dependen de la construcción".

"Necesitamos trabajar y cobrar por el trabajo que hacemos", ha indicado Figueroa y ha lanzado al futuro equipo de Gobierno andaluz, tras lo que reconoce que "partimos de un escenario presupuestario difícil y restrictivo, pero para salvar los 200.000 empleos que en estos momentos dependen de la contratación pública, la Administración tiene en su mano la responsabilidad de construir las herramientas necesarias para mantener la actividad de las empresas".

Ceacop apuntan la necesidad de reorientar el gasto social hacia la inversión en actividades productivas, de forma que "el 83 por ciento del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2012 se destina a educación, sanidad y servicios sociales; dejando en mínimos la inversión".

Los constructores apuntan que uno de los principales lastres de Andalucía es el paro y considera que en estos momentos "se hace más necesario que nunca redirigir el gasto hacia la inversión, apoyando aquellos sectores productivos y dinamizadores de la economía y el empleo, como lo es la obra pública" y agrega que "por cada millón de euros que se invierte en infraestructuras, la Administración recibe 600.000 euros en forma de IVA, tasas e impuestos".

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