El concejal de Presidencia y Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (PSOE), se mostró hoy dispuesto, en nombre de la corporación, al estudio de la posibilidad apuntada ayer por el presidente de la Asociación Empresarial Sevillana de Constructores y Promotores de Obras (Gaesco), Miguel Rus, para modificar el tamaño mínimo de las viviendas contemplado en el vigente Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad, "pero sin cambiar el modelo de ciudad".
En declaraciones a los periodistas, Gómez de Celis recordó que en la celebración del Foro Gaesco ya se constituyó un grupo de trabajo para poder ver la situación "promoción a promoción, parcela a parcela", así como las necesidades de cada caso concreto. "En un principio estamos dispuestos a ver la posibilidad", señaló el edil de Presidencia y Urbanismo, aludiendo además a medidas relacionadas puestas en marcha por la Junta de Andalucía. No obstante, se mostró contrario al cambio de un modelo de ciudad "definido, sostenible y muy consensuado".
Gómez de Celis también indicó que, caso de llevarse a cabo -los juristas y técnicos de la Gerencia de Urbanismo estudian en estos días las posibilidades legales de esta medida-, la decisión no será generalizada, sino que se irá caso por caso, estudiando parámetros como los niveles de urbanización y desarrollo existentes, para decidir en función de éstos. Asimismo, se refirió a la importancia de la mesa de trabajo creada con el sector, ya en funcionamiento, con carácter semanal y un primer encuentro que se efectuó en el ámbito de la feria Surban, a la hora de mantener el "entendimiento" con los empresarios y sindicatos.
Precisamente, recordó, fue una de las centrales sindicales la que aludió a la modificación de la tipología de densidad y los tamaños establecidos en viviendas, en base al actual contexto de crisis y el modelo de familia predominante, que hacen que pueda ser "menos apropiada" la habilitación de viviendas de cuatro o más dormitorios, con condiciones más favorables, en cambio, para inmuebles "con menos metros cuadrados y más accesibles económicamente, algo beneficioso para la demanda y los empresarios, que podrían crear más puestos de trabajo".
La reclamación de los agentes sociales del sector se orienta hacia la "pronta modificación" del vigente planeamiento urbanístico aprobado en 2006, al objeto de que el tamaño mínimo de las viviendas protegidas y de renta libre "se adapte" a la demanda del mercado, que actualmente se orienta a "viviendas de unos 80 metros cuadrados de uno o dos dormitorios".
