La ministra de Defensa, Carme Chacón, anunció el martes que el Gobierno aprobará este mes una moratoria unilateral sobre el uso, producción, almacenamiento, compra o transferencia de las bombas de racimo, y ordenará la destrucción de este tipo de municiones en España.
Durante una visita a la Academia de Ingenieros, situada en la localidad madrileña de Hoyo de Manzanares, Chacón ha explicado que con esta decisión España se situará "a la cabeza" en la erradicación de las bombas de racimo y procederá a su destrucción en el plazo más "inmediato y breve posible".
Tras definir las bombas de racimo como una "pena de muerte sin sentencia", la ministra ha aclarado que España "nunca ha utilizado" este tipo de municiones.
Ha asegurado que se van a destruir en menos de dos años todas las bombas de racimo que hay en los arsenales militares, cifradas en unas cinco mil.
Chacón ha señalado que ha dado instrucciones para que se prohíba el uso de este tipo de municiones, incluido el entrenamiento con las mismas, así como para el inicio de los trámites para su destrucción.
De esta forma, España se adelanta a los plazos formales previstos en el Tratado sobre las bombas de racimo aprobado el pasado 30 de mayo en Dublín.
La ministra ha concretado que elevará al Consejo de Ministros en el presente mes una propuesta para establecer una moratoria unilateral sobre el empleo, desarrollo, producción, adquisición, almacenamiento, conservación o transferencia de las municiones de racimo.
Una vez que el Ejecutivo de luz verde a esta decisión las Fuerzas Armadas tendrán prohibido el uso de este tipo de municiones, ha especificado la ministra durante su visita a la Academia de Ingenieros del Ejército de Tierra, donde se encuentra el Centro Internacional de Desminado.
Por otra parte, la titular de Defensa ha subrayado que las Fuerzas Armadas, desde que hace 20 años iniciaron las misiones internacionales, han desactivado más de 100.000 artefactos en países como Líbano, Afganistán, Bosnia-Herzegovina o la antigua Yugoslavia.
Tras coger en su manos una bomba racimo, Chacón ha recordado lo "trágico" que puede resultar para un niño o cualquier otra persona dar una patada a un artefacto de este tipo como si fuera un "bote" y ha agradecido su trabajo a los ingenieros que se dedican a desactivarlas y destruirlas.
Durante su visita, acompañada por el secretario de Estado de Defensa, Constantino Méndez, Chacón ha asistido a una demostración de la destrucción de una bomba racimo y la desactivación de artefactos improvisados y otras municiones convencionales.
Defensa tiene previsto efectuar en distintas fases el proceso de control en el transporte, recepción y destrucción de bombas de racimo.
En el transporte, la responsabilidad será de la empresa contratista, que deberá hacerlo de acuerdo con la normativa vigente de transporte de mercancías peligrosas.
Tras la verificación de entrada por personal de intervención de armas de la Guardia Civil, se expide un certificado de recepción y se registra en la fábrica, donde se acomete el proceso de destrucción.
Esta fase de destrucción es compleja, distinta para cada tipo de bomba, e incluye entre otros pasos la neutralización del artefacto, la extracción de bombetas o submuniciones, la retirada de las espoletas, la descarga de la sustancia explosiva y la eliminación del iniciador.
Todo el material sobrante se separa en contenedores específicos para su tratamiento individualizado para posteriormente reciclarlo o almacenarlo en un lugar adecuado.
El Centro Internacional de Desminado, que abrió sus puertas en 2002 e imparte también cursos en Colombia, Chile o Líbano, ha formado a 515 instructores en desminado y otros 106 desactivadores de explosivos fallidos.
El director de la Academia, el general Vivas, ha destacado la "excelencia" de la enseñanza que se imparte en este centro, donde este año hay 229 alumnos oficiales, de los que 31 son mujeres.
En este sentido, ha destacado el papel de la mujer, que en los últimos cuatro cursos han pasado del 5 al 12 por ciento.
Para el próximo año está previsto realizar cursos de desminado destinados a expertos de Jordania, Líbano, Senegal y Bosnia-Herzegovina.
