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Chamizo aboga por endurecer las penas por delitos del ladrillo

El Defensor del Pueblo Andaluz reclama que los propietas asuman el gasto de las legalizaciones.

el 10 nov 2009 / 21:41 h.

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El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, entregó su informe sobre el urbanismo ilegal a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves.

La cruzada contra el urbanismo salvaje de la Fiscalía de Medio Ambiente y la crisis han dado un respiro al suelo andaluz, víctima en los últimos años de una ocupación desorbitada y una vulneración constante de la legalidad urbanística.

Sin embargo, es necesario seguir la lucha contra estos delitos, para lo que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, pide una "reforma urgente" del Código Penal que permita endurecer las penas.

El motivo es que en el texto actual hay "imprecisiones técnicas y lagunas" que impiden perseguir "más eficazmente" este tipo de delitos, según dijo ayer Chamizo durante la presentación de un informe que hace balance de los últimos 20 años sobre Ordenación del Territorio y Urbanismo y que entregó a la presidenta del Parlamento, Fuensanta Coves.

El Defensor puso como ejemplo las parcelaciones ilegales -su oficina llegó a detectar más de 1.000 en toda Andalucía-, un fenómeno que, dijo, "muy pocos municipios han abordado con la seriedad y rigor necesarios", y pidió que a la hora de llevar a cabo su regularización sean los promotores y propietarios y no las arcas municipales las que corran con los gastos que se deriven de ella.

En cuanto a la opción del derribo se mostró favorable en determinados casos a pesar de que se trate, dijo, de una medida "lamentable". De hecho, el informe de la Oficina del Defensor recomienda que en los procedimientos por construcciones ilegales en los que las administraciones sean parte demandante soliciten, como norma general, la demolición de lo indebidamente construido.

José Chamizo alertó también de que a pesar de que la actividad de los fiscales medioambientales en los últimos cinco años ha reducido la proliferación de grandes promociones ilegales, muchos ciudadanos sí que siguen realizando agresiones puntuales al medio ambiente construyendo viviendas para uso residencial al amparo de licencias de "casas de apero" o edificios similares. Al respecto, pidió a los ayuntamientos que persigan y denuncien éstas y otras prácticas ilegales en materia urbanística.

También sobre los casos de corrupción política relacionados con el urbanismo que no han parado de hacerse públicos en toda Andalucía durante los últimos años habló Chamizo. Para él, la solución pasa por "la transparencia y un urbanismo más participativo".

Función social. El informe de la Oficina del Defensor aborda, al margen de cuestiones relacionadas con la legalidad urbanística, otras como la función social de la propiedad. En este sentido, critica que durante los años de una "extraordinaria bonanza económica" las administraciones no hayan sabido dar respuesta a la demanda de vivienda protegida. Por eso, Chamizo celebró la medida de préstamos reintegrables propuesta por la Junta para dar salida a unas 70.000 viviendas en stock aunque tildó de "chocante" que "a estas alturas no se haya avanzado más". De cualquier forma, defendió una apuesta más decidida por el alquiler en detrimento de la cultura de la propiedad.

Otro de los puntos más destacados de esta vertiente del urbanismo que recoge el informe es la problemática del chabolismo. Según recoge el documento del Defensor, en Andalucía siguen existiendo tres grandes asentamientos chabolistas: dos en Sevilla (Torreblanca y El Vacie) y uno en Málaga (Asperones) y que, desafortunadamente, el resto ha ido desapareciendo "por la presión urbanística" sin que se haya abordado un plan de realojamiento e integración de las personas que lo ocupaban.

La necesidad de ayudas a la rehabilitación para evitar mobbing en los cascos antiguos de las ciudades; la propuesta de realizar un estudio de las instalaciones existentes de depuración de aguas residuales en los municipios del litoral; la solicitud de la puesta en marcha de medidas para acabar con los pasos a nivel; o la recomendación de hacer un seguimiento exhaustivo del Plan de Prevención de Riesgos contra las Avenidas e Inundaciones en los Cascos Urbanos Andaluces son otros de los puntos que recoge el informe.

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