Padres que denuncian fraudes en las solicitudes de escolarización, centros sin recursos para niños con necesidades especiales, violencia entre escolares y familiares de alumnos que agreden a profesores forman parte de las 620 quejas recibidas por el Defensor del Pueblo sobre educación, materia que centró el 11% del total.
Tras las denuncias de personal del sector público (857) -referentes sobre todo a procesos de selección y adjudicación de plazas de funcionarios- la educación centró la mayor cantidad de las 5.665 quejas remitidas a la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz en 2007 y, entre ellas, 170 se refirieron al proceso de escolarización, que genera "gran conflictividad". El TSJA acaba de dictar una controvertida sentencia en la que prima la libre elección de centro de unos padres sevillanos sobre las restricciones normativas en cuanto a las ratios de alumnos.
José Chamizo alertó el jueves de la existencia de "una especie de persecución policial de padres contra padres" con cruce de acusaciones sobre el uso de datos falsos en las solicitudes -empadronamiento en domicilios de familiares o maquillar los datos fiscales- y reclamaciones por discriminación en la baremación para adjudicar las plazas -hermanos de distinta edad frente a niños de partos múltiples o familias monoparentales por separación pero no divorcio-. En su informe anual, reclama que las Delegaciones provinciales de Educación revisen de oficio todas las solicitudes para centros con más demanda que oferta e investigue aquellas en las que detecte indicios de irregularidades, que la Policía Autonómica investigue los datos de empadronamiento y que se sancione "con mayor rigor" el fraude porque la "sensación de impunidad" contribuye a su aumento.
Chamizo explicó que en la mayoría de los casos que le llegan, los padres reclaman un centro concreto "no porque sea concertado, ni siquiera por el ideario sino porque tenga aula matinal, comedor y actividades extraescolares". Por ello, señaló que "se resolvería parte del problema" si los centros públicos ofertaran los mismos servicios, ya que la Junta ha decidido apostar por el modelo de enseñanza pública, si bien recordó que en algunos casos las quejas proceden de zonas donde prácticamente todos los centros son concertados.
Además, el Defensor del Pueblo Andaluz abogó por "flexibilizar" el criterio de las ratios de alumnos por aula y profesor "aunque no de forma ilimitada", y apuntó como requisitos para ello que no se supere en un 10% la legalmente establecida, que lo apruebe el Consejo escolar del centro y que lo respalden "por escrito" las tres quintas partes de los padres o tutores legales de los alumnos de las clases afectadas. A su juicio, este aumento de ratio no afectaría a la calidad del sistema educativo.
