Chamizo desaconseja retirar los conciertos a las aulas segregadas

El Defensor del Pueblo admite a trámite la queja de las familias y "no ve oportuno" quitar la subvención a colegios que separan por sexo. Los concertados pedirán la suspensión cautelar si la Junta les deniega el dinero.

el 28 ene 2013 / 12:18 h.

33 El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ayer, reunido con los padres de centros diferenciados.

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, admitió ayer a trámite la queja que presentó la plataforma Mis Padres Deciden, un colectivo que aglutina a madres y padres de alumnos de los 12 colegios andaluces con educación diferenciada. Las familias le han pedido a Chamizo que interceda ante la Consejería de Educación, para evitar que dentro de un mes retire la financiación pública a los centros concertados que segregan a su alumnado por sexos. El Defensor remitirá a la consejera Mar Moreno los argumentos de los padres y de los representantes de estos colegios -junto con 40.000 firmas-, y una vez conozca la versión de la Junta emitirá un dictamen. Sin embargo, Chamizo se aventuró ayer a compartir con los padres algunos de sus argumentos: "No parece oportuno ni conveniente prescindir de los conciertos en estos colegios porque ya sabemos que la futura ley de educación va a cambiarlo todo", dijo.

El Defensor desaconsejó a la Junta seguir adelante con su idea de eliminar la subvención a los centros exclusivos de niños o de niñas, porque la futura ley blindará el modelo, y los colegios y familias afectadas tratarán de recuperar la subvención en los tribunales más adelante, con la nueva legislación ya aprobada.

De momento Chamizo quiso dejarle claro a los padres que el muro con el que se estrellan sus expectativas es la legislación educativa en vigor, que prohíbe "la discriminación por razón de sexo", y el Tribunal Supremo, que en reiteradas sentencias ha dado la razón a la Junta y establecido jurisprudencia al respecto: "Nadie puso en duda la legitimidad del sistema de educación diferenciada; cuestión distinta es que a partir de la entrada en vigor de la LOE (2006) sea posible que esos centros privados puedan tener la condición de concertados sostenidos con fondos públicos, cuando expresamente el régimen de admisión de alumnos prohíbe la discriminación por razón de sexo".

Suspensión cautelar // A pesar de estas sentencias, Chamizo también suscribió otro de los argumentos esenciales de las familias: "Debe prevalecer el derecho de elección de los padres a elegir el colegio de sus hijos", dijo. La doctrina del Supremo desmonta esta tesis y recuerda que la Constitución ampara el derecho a la educación de acuerdo a los idearios que uno elija para sus hijos, pero no que dichos idearios, cualesquiera que sean, deban estar necesariamente sostenidos con fondos públicos: "La imposibilidad para obtener conciertos de los centros que optan por la educación separada por sexos no perturba ningún derecho constitucional de los padres a la libre elección de centro ni el de los titulares de dichos colegios a la creación de centros con ideario o carácter propio", reza la sentencia.

Pese a todo, las familias siguen apelando a la Constitución, seguras de que la Carta Magna ampara sus reivindicaciones. "Nos vemos amparados por la nueva ley de educación, opr una enmienda a la Ley de Presupuestos Generales de 2013, que reconoce la financiación a la escuela diferenciada, y por la Constitución que avala nuestro derecho a elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos", aseguró Gemma García, portavoz de la plataforma.

Los 12 colegios han pedido la renovación de los conciertos por otros cuatro años, como permite el reglamento, pero Educación prevé no renovarles la subvención en el primer curso de Infantil si no adoptan el modelo mixto. La denegación del concierto es un acto administrativo que los servicios jurídicos de los colegios prevén recurrir en los tribunales, además solicitarán la suspensión cautelar para que puedan seguir funcionando como hasta ahora el próximo curso.

Su intención es seguir ganando tiempo hasta que entre en vigor la nueva ley, prevista para abril, y entonces pedir amparo al Gobierno. Los colegios afectados son: Albaydar, Altair, Ángela Guerrero, Elcható, Molino Azul, Nuestra Señora de Lourdes y Ribamar (los siete en Sevilla), y el Campomar, El Soto, Torrealba, Yucatal y Zalima.

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