El informe del Defensor del Pueblo Andaluz desveló esta semana que, en enero, José Chamizo desestimó una denuncia de los consejeros propuestos por el PP en el Consejo Audiovisual contra la dirección del mismo, a la que acusaba de marginar sus propuestas. No es la primera vez que los consejeros propuestos por los populares piden el amparo del Defensor, ni que Chamizo les emplaza a solucionar sus diferencias en el seno de la institución de la que forman parte. Pero la insistente puesta en cuestión que hace el PP de este órgano cala en los medios cada vez que el grupo de Javier Arenas hace públicas sus diferencias con el resto de miembros, y acusan de comulgar con el Gobierno socialista a un órgano que debe ser independiente.
El Consejo Audiovisual es una institución encargada, entre otras cosas, de velar por el pluralismo informativo en los distintos canales de televisión. Está formado por 11 miembros propuestos proporcionalmente por los distintos partidos para garantizar la neutralidad ideológica de sus informes: cinco a propuesta del PSOE, tres del PP, uno de IU y otro del PA. Los miembros del Consejo del PP y el del PA suelen acusar a la institución de acallar sus propuestas.
Ante el Defensor, acusaron al presidente del Consejo, Juan Montabes, de haber vulnerado su derecho a ejercer sus funciones dentro de dicho órgano, porque éste se negaba "reiteradamente" a incluir sus propuestas en el orden del día de las sesiones de pleno.
José Chamizo desestimó la denuncia de los consejeros Carlos del Barco, Jaime Bretón, Carmen Elías (PP) y José María Arenzana (PA), y les recordó que según el reglamento del Consejo, ellos ostentan el derecho a proponer votos particulares, pero es el presidente quien decide si los incluye en el orden del día. Para variar ese orden del día en contra de las decisiones del presidente, se necesitarían seis votos particulares, y en este caso sólo contaban con cuatro.
Imparcialidad. Durante todo el año pasado, Del Barco, Bretón, Elías y Arenzana presentaron un total de 74 puntos para ser incluidos en el orden del día de las sesiones de pleno. De 74 propuestas fueron admitidas, debatidas y votadas 61, el 82,4%. Las otras 13 (17,6%) fueron rechazadas por defectos de forma, porque ya se habían debatido o incluido en otros informes o por no interferir en la agenda del Parlamento, según datos del Consejo Audiovisual recabados por El Correo.
La imparcialidad de los miembros del Audiovisual se pone a prueba siempre que el órgano estudia emitir una queja sobre una televisión pública, en teoría controlada por un partido político. El año pasado, todos los miembros del Consejo votaron por unanimidad una queja contra Giralda Digital, que acusaba al Ayuntamiento (PSOE e IU) de usarla como vehículo de propaganda. "La mención a gestiones del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla aparece de manera explícita en un 48,49%", decía en las conclusiones. Pero esa unanimidad no se logró en un informe semejante sobre Torremolinos TV y sobre RTVM de Motril, ambas controladas por el PP, y que en el Consejo contaron con el beneplácito de los miembros del PP y del PA. "En Torremolinos TV, en cuanto a la participación de partidos políticos, se constata que el 86% corresponde al PP, frente al 9% para el PSOE y el 5% para IU", concluyó el Consejo.
Con Montabes de presidente -desde julio de 2008-, el Consejo ha denunciado ante la Fiscalía tres programas de RTVA por vulnerar la ley: un reportaje de Andalucía directo sobre prostitución, el programa 74 minutos: Vivo en un barrio marginal (por no pixelar la cara de lmenores) y la cobertura del caso Marta del Castillo, en el que el fiscal aceptó la culpabilidad de Canal Sur.
