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Chamizo pide a la Junta un registro para cuidadores

El Defensor del Menor en Andalucía, José Chamizo, reclamó ayer la necesidad de articular una bolsa de trabajo específica para cuidadores a fin de garantizar la tranquilidad de los padres así como la seguridad laboral de los trabajadores. Esto reduciría el "vértigo de dejar los niños" a desconocidos.

el 16 sep 2009 / 05:13 h.

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Pepe Barahona

El Defensor del Menor en Andalucía, José Chamizo, reclamó ayer la necesidad de articular una bolsa de trabajo específica para cuidadores a fin de garantizar la tranquilidad de los padres así como la seguridad laboral de los trabajadores. Esto reduciría el "vértigo de dejar los niños" a desconocidos.

Esta innovadora propuesta se encuentra en el Informe anual 2008 que se presentó ayer en el Parlamento andaluz. El documento destaca la necesidad de dar respuesta administrativa a una pregunta que muchos padres repiten al Defensor "¿Quién puede criar a los hijos?", aclaró Chamizo.

Esta medida garantizaría a los padres que el trabajador cuenta con la "suficiente formación y cualificación" y facilitaría la "utópica y realizable" conciliación de vida familiar y laboral. cada vez más familias se ven en la obligación de recurrir a desconocidos sin referentes con los que evaluar su aptitud. Esta idea pionera entre las Comunidades Autónomas podría ser tutelada por el Servicio de Protección de Menores de la Consejería de Igualdad y Bienestar social de la Junta en coordinación con el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, a la que también podría sumarse la de Educación. "Es urgente facilitar horarios laborales que permitan que el padre pueda estar más tiempo con los hijos", remarcó Chamizo.

Por otra parte, la creación de esta figura generaría un nuevo yacimiento de empleo que fomente la cualificación de los este tipo de profesionales, así como la posibilidad de subvencionar tales servicios a familias con pocos recursos económicos.

En el informe también se define la dificil situación en la se encuentra el personal que atiende los casos de menores conflictivos y reta a la administración a que copie la experiencia de otros sectores como el educativo o el sanitario, que gozan de una diferencias laborales con respecto del común de la Junta. Se evitaría la falta de especialización de los trabajadores, se corregiría la lentitud de los procesos y se incentivaría a estos para cubrir las plazas desocupadas.

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