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Chamizo pide paralizar los desahucios por deudas con la Seguridad Social

El Defensor avisa de que muchas familias podrían perder su casa

el 27 ene 2013 / 19:43 h.

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Andalucía es la comunidad donde se ejecutan más desahucios.

El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha solicitado mediante una actuación de oficio la paralización de los desahucios de viviendas habituales por deudas de las familias con la Seguridad Social. Según indica el Defensor en su escrito, consultado por Europa Press, desde el año pasado se han atendido varias quejas de personas que han sido expulsadas de sus hogares por deudas con la Seguridad Social que han sido ejecutadas por la propia administración. De hecho, alerta de que "viene recibiendo numerosas quejas de personas que denuncian encontrarse en una situación de riesgo que podría llevarles a perder su casa".


El Defensor ha iniciado una queja de oficio para proponer soluciones a estas intervenciones recaudatorias "que resultan especialmente lesivas". Dado que han sido varias las quejas recibidas por este motivo durante el paso año 2012 y que resulta lógico prever que seguirán llegando mientras se mantenga la actual crisis, el Defensor ha considerado oportuno la realización de una actuación de oficio con el fin de trasladar a las autoridades pertinentes la necesidad de que las normas que rigen la gestión recaudatoria de los recursos de la Seguridad Social y, en particular, las que regulan el embargo de bienes, "se interpreten de forma que hagan posible salvaguardar la vivienda familiar, única y habitual de aquellos deudores que lo sean de buena fe".


El Defensor aboga por que la posibilidad de que la Tesorería General de la Seguridad Social "pueda dictar alguna norma o instrucción interna que permita paralizar los desahucios de deudores de buena fe que se encuentren en circunstancias parecidas a las que recoge el Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios". En opinión de esta institución "no resulta aceptable, ni razonable que se apruebe una norma destinada a impedir a las entidades financiera los lanzamientos, y, por otro lado, esas mismas autoridades públicas permitan que la Administración embargue y subaste las viviendas de quienes no pueden afrontar sus deudas a la Seguridad Social".


Los afectados explican que "los ingresos disminuían constantemente mientras los gastos no dejaban de incrementarse". Esto les llevó a una "situación límite que les habría llevado a dejar de atender sus obligaciones con la Seguridad Social para priorizar otros gastos ineludibles relacionados con la subsistencia".

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