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Chamizo pide que la crisis no agrave la demora e insuficiencia de la atención

El Defensor del Pueblo andaluz hizo ayer un llamamiento a la Junta para que garantice la financiación de la Ley de Dependencia a pesar de la coyuntura económica actual. Y es que Chamizo denunció "demoras importantes".

el 15 sep 2009 / 11:09 h.

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El Defensor del Pueblo andaluz hizo ayer un llamamiento a la Junta para que garantice la financiación de la Ley de Dependencia a pesar de la coyuntura económica actual. Y es que Chamizo denunció "demoras importantes" en la valoración y tramitación de prestaciones que además resultan "insuficientes". La consejera de Igualdad aseguró que la crisis no conllevará "ningún recorte" en el desarrollo de la Ley.

Las dudas de José Chamizo, inmediatamente atajadas por la consejera Micaela Navarro, llegaron el mismo día en que la secretaria de Estado de Política Social, Amparo Valcarce, hizo balance del desarrollo de la Ley que, tras 18 meses en vigor, ha reconocido el derecho a recibir una prestación a 346.263 dependientes, 98.616 en Andalucía.

Chamizo anunció que a finales de mes se reunirá con los defensores de otras comunidades para analizar las "diferentes velocidades" a las que avanza su aplicación, algo a su juicio "inapropiado" porque "al margen de la situación económica de cada autonomía, la prestación por dependencia debe ser la misma". Denunció "demoras importantes" en el reconocimiento de los dependientes -a 1 de septiembre en Andalucía se han valorado 143.508 de las 182.206 solicitudes presentadas-, que atribuyó tanto a la "complejidad" de la baremación como a la "falta de personal, su insuficiente formación o la falta de criterio homogéneo".

El Defensor criticó el "excesivo protagonismo" de las prestaciones económicas frente a los servicios, pero también alertó de la "disconformidad" de la población con las cuantías otorgadas por considerarlas insuficientes para cubrir las necesidades de las personas dependientes. Un cúmulo de circunstancias que, alertó, genera una "gran desconfianza" en los afectados, aumentada por la "desinformación" sobre la normativa.

Para Chamizo, la recesión económica no aporta tranquilidad, si bien confió en que la crisis "no incida en ningún caso" en la atención a los nuevos derechos reconocidos por ley y que "no se traicione la esperanza" depositada por muchos.

Desde la Junta, la consejera de Igualdad aseguró que "no se va a producir ningún recorte". En concreto, confirmó que en 2008 el Estado destinará los 871 millones de euros previstos para todo el país y en 2009 unos 1.200 millones (la partida de la Junta inicialmente prevista para este año era de 270 millones aunque Navarro ya ha anunciado que aumentará).

"Hablamos de derechos, por lo que no cabe la posibilidad de recortes", subrayó Navarro, y añadió que "no ha habido ningún momento en el que el Gobierno central o autonómico hayan manifestado que se fuera a producir ningún recorte". Sin embargo, tras un Consejo Territorial en julio, la ministra Mercedes Cabrera reconoció que aunque el Gobierno prevé cumplir sus compromisos sociales "eso no quiere decir que la coyuntura económica actual no tenga algún tipo de influencia en el despliegue de la ley".

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