El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, pidió hoy que se modifique la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía para otorgar competencia sancionadora a los Ayuntamientos ante las infracciones que se cometan en materia de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía sin perjuicio de las competencias que ya posee la Administración autonómica.
Tal y como destacó Chamizo, los Ayuntamientos tienen un protagonismo "especial" a la hora de intervenir en la edificación y uso del suelo, al otorgar las licencias urbanísticas y aprobar los proyectos de urbanización y supervisar su ejecución y, sin embargo, no tienen habilitación para sancionar las infracciones que se cometan en materia de accesibilidad, ya que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) no las tiene tipificadas.
Asimismo, y a pesar de reconocer los beneficios del recientemente aprobado Decreto que desarrolla el nuevo Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, consideró que existiendo una Ley que con carácter especial regula estas cuestiones, "no cabe que mediante una norma reglamentaria como es un decreto se atribuya tal competencia".
No obstante, instó a los ayuntamientos a que, en el plazo de un año, aborden el Plan de Actuaciones para la adaptación a las determinaciones del citado Decreto de los edificios, establecimientos, instalaciones e infraestructuras y espacios libres que sean propios o estén bajo su uso y que sean susceptibles de "ajustes razonables".
El Defensor del Pueblo consideró que la Junta de Andalucía "todavía no posee un plan de actuaciones riguroso para afrontar la eliminación de barreras en sus inmuebles", lo que implicaría un inventario de las existentes, una programación debidamente calendarizada y presupuestada para su supresión y un programa de intervención, con una fecha límite para este objetivo.
De hecho, subrayó que 15 años después de presentar la institución el Informe Especial sobre las Barreras en Andalucía y haberse acometido algunas actuaciones para garantizar la accesibilidad, en Andalucía "siguen existiendo infinidad de barreras que dificultan cuando no impiden el disfrute de los bienes, servicios, infraestructuras que nuestras ciudades deben ofertar a toda la ciudadanía", por lo que afirmó que las recomendaciones que se realizaron entonces en el citado informe "en gran medida resultarían ahora plenamente vigentes".
"Se trata de una vieja asignatura pendiente que hoy como ayer, continúa siendo un problema de primer orden que afecta, y sin lugar a dudas cada vez más dada la tendencia a la longevidad de la
población española, a centenares de miles de personas afectadas por una discapacidad o por una seria dificultad en la movilidad", advirtió.