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Chamizo pide que los Ayuntamientos puedan sancionar las infracciones en materia de accesibilidad para discapacitados

El Defensor del Pueblo andaluz pidió hoy que se  modifique la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en  Andalucía para otorgar competencia sancionadora a los Ayuntamientos  ante las infracciones.

el 22 nov 2009 / 12:49 h.

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El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, pidió hoy que se  modifique la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en  Andalucía para otorgar competencia sancionadora a los Ayuntamientos  ante las infracciones que se cometan en materia de accesibilidad en  las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en  Andalucía sin perjuicio de las competencias que ya posee la  Administración autonómica.  

Tal y como destacó Chamizo, los Ayuntamientos tienen un  protagonismo "especial" a la hora de intervenir en la edificación y  uso del suelo, al otorgar las licencias urbanísticas y aprobar los  proyectos de urbanización y supervisar su ejecución y, sin embargo,  no tienen habilitación para sancionar las infracciones que se cometan  en materia de accesibilidad, ya que la Ley de Ordenación Urbanística  de Andalucía (LOUA) no las tiene tipificadas.

Asimismo, y a pesar de reconocer los beneficios del recientemente  aprobado Decreto que desarrolla el nuevo Reglamento que regula las  normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo,  la edificación y el transporte en Andalucía, consideró que existiendo  una Ley que con carácter especial regula estas cuestiones, "no cabe  que mediante una norma reglamentaria como es un decreto se atribuya  tal competencia".  

No obstante, instó a los ayuntamientos a que, en el plazo de un  año, aborden el Plan de Actuaciones para la adaptación a las  determinaciones del citado Decreto de los edificios,  establecimientos, instalaciones e infraestructuras y espacios libres  que sean propios o estén bajo su uso y que sean susceptibles de  "ajustes razonables".  

El Defensor del Pueblo consideró que la Junta de Andalucía  "todavía no posee un plan de actuaciones riguroso para afrontar la  eliminación de barreras en sus inmuebles", lo que implicaría un  inventario de las existentes, una programación debidamente  calendarizada y presupuestada para su supresión y un programa de  intervención, con una fecha límite para este objetivo.

De hecho, subrayó que 15 años después de presentar la institución  el Informe Especial sobre las Barreras en Andalucía y haberse  acometido algunas actuaciones para garantizar la accesibilidad,  en  Andalucía "siguen existiendo infinidad de barreras que dificultan  cuando no impiden el disfrute de los bienes, servicios,  infraestructuras que nuestras ciudades deben ofertar a toda la  ciudadanía", por lo que afirmó que las recomendaciones que se  realizaron entonces en el citado informe "en gran medida resultarían  ahora plenamente vigentes".

"Se trata de una vieja asignatura pendiente que hoy como ayer,  continúa siendo un problema de primer orden que afecta, y sin lugar a  dudas cada vez más dada la tendencia a la longevidad de la

población española, a centenares de miles de personas afectadas por  una discapacidad o por una seria dificultad en la movilidad",  advirtió.

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