El fraude de las participaciones preferentes en Andalucía asciende, por ahora, a 520 millones de euros. Ésta es la cifra que ayer le trasladó el Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, al fiscal general Jesús García Calderón, minutos antes de registrar 300 expedientes de reclamaciones y denuncias recibidas en su oficina . En Andalucía hay 65.000 afectados a los que sus entidades bancarias vendieron estos complejos productos financieros con los que quedaron bloqueados sus ahorros. Les garantizaron que no tenían fecha de vencimiento, que podrían retirar el dinero invertido en cualquier momento y que multiplicarían su valor, pero nunca lo recuperaron. Chamizo estima que cada andaluz "estafado" -el 90% son ancianos de 80 años- ha perdido entre 6.000 y 10.000 euros.
La cifra de afectados en la región podría alcanzar los 100.000, según la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España, porque todavía hay muchas familias que desconocen que les vendieron participaciones preferentes en sus sucursales. El Defensor sostiene que existen tres grandes bloques en esas 300 reclamaciones que ayer trasladó al fiscal: las primeras son denuncias de clientes habituados a hacer este tipo de inversiones, que pudieron conocer el riesgo del producto (estas denuncias tienen más difícil prosperar). Pero la gran mayoría de afectados son personas que no tienen el perfil de inversor que exige la normativa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para vender este tipo de productos de alto riesgo. A los perjudicados les garantizaron, supuestamente de forma falsa, que podrían acceder a su dinero cuando quisieran. En el tercer grupo de denunciantes hay indicios de delito , según Chamizo y el propio fiscal. En este grupo se encuentran ancianos, discapacitados, personas que no saben leer ni escribir y firmaron con la huella del pulgar fiándose de la persona que les atendió en su banco, e incluso menores de edad. En Andalucía, la gran mayoría de afectados son clientes de La Caixa y de Banca Cívica, que desde el 3 de agosto funcionan como una misma entidad. Chamizo reclamó ayer que se depuren responsabilidades entre los directores y el personal de las sucursales bancarias implicados.
El Defensor asegura que los bancos "se están dando prisa" para resolver los casos constitutivos de delito mediante acuerdos con los afectados, comprometiéndose a depositar el dinero defraudado a plazo fijo, o incluso proponiéndoles que se conviertan "en una especie de accionista del banco". Hasta la fecha Chamizo se ha puesto en contacto con su homóloga a nivel nacional, Soledad Becerril, para que intervenga ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores, "que es quien debe hacer un seguimiento de esto", aseguró a Europa Press. También ha remitido un escrito con recomendaciones a la Junta de Andalucía, incluidos los 300 expedientes registrados ayer ante el Ministerio Público.
La Fiscalía Superior ya ha confirmado que ve indicios de delito en la "estafa de las preferentes", una práctica "abusiva, totalmente prohibida y contraria al ordenamiento jurídico dirigida a personas con un perfil inversor de poco riesgo y de escasos o nulos conocimientos financieros".
Fue el fiscal quien reclamó al Defensor toda la documentación que llegara a su oficina para poder abrir la investigación. "Seguimos recibiendo quejas e insistimos en que se ha vulnerado la ley y a muchos mayores se les va a dejar en la ruina", dijo Chamizo, que instó al fiscal a "buscar responsabilidades".
