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Chamizo urge al PP a atajar el auge de las botellonas en los barrios

El Defensor denuncia la “tolerancia” de la Policía, que no aplica las sanciones previstas por beber

el 27 ene 2012 / 21:09 h.

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Hace poco más de un mes, el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, dictó una dura resolución dirigida al Ayuntamiento de Sevilla en la que instaba al nuevo equipo municipal a resolver con urgencia el problema del botellón ante el "reiterado incumplimiento" de la ley andaluza de 2006 y la "aparente insumisión" a la norma durante años que ha desencadenado una situación que no se da en ninguna otra capital.

Ayer, Chamizo llevó al Parlamento un informe en el que analiza cómo han aplicado esta ley las ciudades andaluzas de más de 50.000 habitantes y en el mismo vuelve a señalar a Sevilla como un caso insólito y a denunciar que la "indefinición municipal" mantiene una situación "lamentable" en la que proliferan "mini-botellones por doquier en diferentes barrios" que son focos de conflictos y generan problemas de seguridad y limpieza, en los que incluso menores ingieren grandes cantidades de alcohol "bajo la mirada tolerante" de la Policía Local y Protección Civil. Estos "mini-botellones" son macroconcentraciones como las que convocan los estudiantes en el Charco de la Pava, pero reúnen cada fin de semana a varios cientos de jóvenes.

 

El problema radica en que la ley andaluza estipula que el botellón queda prohibido en todo el municipio salvo que el consistorio quiera permitirlo en algunas zonas, que debe explicitar en una norma. De las 27 ciudades analizadas en el informe Incidencia en el ocio juvenil en Andalucía de la ley antibotellón, 16 han optado por habilitar botellódromos (en la provincia, solo Dos Hermanas), una opción que Chamizo ve como alternativa a las grandes concentraciones de jóvenes en la calle pero no como una "solución definitiva", que debe pasar por ofrecer alternativas de ocio juvenil. Otras 11 lo han prohibido en toda la ciudad. En Sevilla, el Consistorio interpretó la norma de forma "peculiar" al no señalar dónde se permite pero circunscribir la prohibición a las zonas acústicamente saturadas, el casco histórico y lugares donde eran habituales y molestaban a los vecinos.

El anterior gobierno PSOE-IU anunció la construcción de un botellódromo en la Cartuja, que fracasó por la "incapacidad del Ayuntamiento para acondicionar" el espacio. La alternativa fue redirigir a los jóvenes que se concentraban a zonas donde no molestaran a los vecinos; éstos se fueron moviendo sin que la Policía supiera cómo actuar y el Ayuntamiento "pareció optar por cierta tolerancia" en sitios en los que se han reproducido los conflictos.

El cambio de gobierno tras las municipales de mayo no parece haber modificado la situación. Aunque Chamizo reconoció que el PP "está imponiendo numerosas sanciones" -más de 3.100 entre junio y diciembre-, el informe denuncia que "la situación se mantiene jurídicamente en impasse al no haberse pronunciado formalmente el nuevo Consistorio sobre sus intenciones en este tema". No obstante, el Defensor informó de una reciente reunión con responsables municipales en los que "se mostraron claramente a favor de la prohibición". "Nos han expuesto gráficamente sus intenciones utilizando de forma enfática y reiterada el término erradicación", subraya el informe.

Pero "a la espera de que estas intenciones se concreten en hechos", el Defensor considera la situación actual "lamentable" y "correlato lógico de la inadecuada gestión que de este problema se ha realizado en años precedentes". Una situación que se caracteriza por la existencia de varias zonas de botellón "conocidas y toleradas por las autoridades municipales".

Por ello, exige "una urgente toma de posición por parte de las nuevas autoridades municipales que clarifique la postura municipal" y que las "intenciones erradicadoras anunciadas" se plasmen jurídicamente adaptando la norma a la Ley antibotellón, además de adoptar de manera "inmediata" medidas para "restablecer la vigencia de las normas que hacen posible la normal convivencia ciudadana".

Y es que alrededor del botellón se producen conductas claramente sancionables con la ordenanza en la mano, como la acumulación de residuos, orinar en las calle o las agresiones, que quedan "impunes" por la "actitud permisiva" de los ayuntamientos. Aunque lo más importante es el riesgo para la salud del consumo abusivo de alcohol, sobre todo para los menores, ante el que la Policía Local carece de "claros protocolos claros de actuación" y ésta queda "al arbitrio del agente".

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