En el siglo XVIII, el Ejército español tuvo una corriente ilustrada con nombres tan importante como Cadalso, Antonio de Ulloa, Malaspina, Domingo Badía... La mayoría de ellos terminó mal. Tras el fin del Trienio Constitucional otra hornada de militares, Felipe Bauzá y Mateo Seoane, entre ellos, acabó exiliada en Londres donde colaboraron con las instituciones científicas británicas y dejaron editadas numerosas obras y revistas.
Poco después el comienzo de las Guerras de África ponía fin al fenómeno y, hasta la consecución de la democracia, sólo aparecerían raras figuras como las de Ortiz de Echagüe o Luis Berenguer. Era mucho pedir, por tanto, que en nuestras fuerzas armadas ("poder independiente" de hecho durante la dictadura de Franco) se desarrollasen iniciativas proclives a la investigación y, menos aun, a la de la justicia militar a partir de 1936 de la que sólo se han escrito algunas pocas obras como Justicia en Guerra, del comandante Joaquín Gil Hondurilla. El reportaje de ayer sobre el affaire de las copias digitales en este periódico da una idea clara y distinta -esto es, cartesiana- del estado en el que se encuentra el archivo.
Lo que ha sucedido sigue la lógica del quiste cultural; es un mundo de Juan Lobón pero, en vez de con furtivos, con funcionarios militares que se llevan a casa los chuscos del rancho. Poco tiene que ver lo pagado por la copia de documentos con los casos de corrupción de estos días aunque esta dependencia demande, antes que nada, luz y taquígrafos y, después, un personal que atienda de forma normalizada al público. A lo mejor los únicos que, hoy por hoy, podrían hacerlo serían esos chavales que hasta ahora hicieron las copias. Hace ya muchos años en Doñana se acabó con los furtivos convirtiéndolos en guías. Desde entonces aquello va como la seda.
Antonio Zoido es escritor e historiador
