El hierro es el material más habitual y por el que menos se paga. Está presente en lámparas, somieres o pequeños electrodomésticos.
Jorge (nombre ficticio) lleva cuatro horas pateándose las calles con su bici tuneada como carromato y en la cesta solo lleva una vieja ventana de hierro. Totalmente ajeno a la polémica ordenanza de limpieza que sanciona con hasta 750 euros la rebusca en la basura aunque ahora el Ayuntamiento estudia sustituir la multa por atención social, abre un contenedor en la zona de San Julián y, voilá, aparece una freidora. No obstante, por el botín completo no cree que le den «ni dos euros». La chatarra se vende al peso desde 15 céntimos el kilo de hierro a 3,5 euros el de cobre. Jorge es rumano, llegó a España hace diez años y, tras ganarse la vida en la construcción, lleva seis en paro. Almuerza en un comedor social y duerme en la calle. Con lo que junta en dos o tres días (también busca zapatos y ropa) lo vende en chatarrerías para sacarse unos 20 euros. La Asociación de Gestores de Residuos (Agresur) calcula que en Sevilla entre 2.000 y 4.000 personas sobreviven gracias a esta actividad. Son el escalón más débil de todo un sector que comprende pequeñas chatarrerías minoristas (unas 40 en Sevilla) a las que los recogedores venden lo que encuentran y grandes fundiciones o empresas de reciclado que compran a su vez en grandes cantidades a las minoristas. El primer paso es economía sumergida de supervivencia. El segundo, una actividad reglada en su mayoría que factura en total más de 300 millones de euros en Andalucía (120 millones las pequeñas chatarrerías y unos 190 las mayoristas) y que se ha levantado contra la ordenanza porque acosa a quienes son una de las principales bases de su negocio.
Juan Manuel y Agustín regentan desde hace más de treinta años dos de esas chatarrerías minoristas en la zona de la Alameda y la Plaza del Pelícano respectivamente. Los precios son prácticamente iguales. Pagan el kilo de hierro a 15 céntimos, el de aluminio a 80 céntimos y el de cobre a 3,5 euros pero éste, dicen, es muy raro. Desde que la crisis disparó el robo de cables de cobre, cada vez que alguien les trae algo de este material, las chatarrerías están obligadas a mandar un mail a la Policía Nacional. No obstante, llevan un libro de registro de cada compra y una vez al mes facilitan los datos a la Policía. Se supone que deben pedir el DNI a todo el que le compran algo, una norma que salvo en el caso del cobre, este periódico pudo comprobar que no se cumple estrictamente aunque así aparece indicado con carteles en el interior de los locales. Calculan su margen de beneficio en «unos tres céntimos el kilo», es decir, la diferencia entre el precio al que ellos se la compran a los recogedores y a cuánto se la venden a las mayoristas descontando sus gastos de transporte. Su papel es el de «intermediarios» ya que no despiezan los electrodomésticos y demás cosas que les llega. Solo los separan por materiales y llevan cada cosa a empresas especializadas en la fundición y reciclaje de los mismos.
De casas y obras. No toda la chatarra que llega a estas pequeñas empresas procede de los contenedores lo que prohíbe la ordenanza es la extracción de residuos depositados en éstos aunque también sanciona al ciudadano que los deja fuera junto a ellos. A la chatarrería de Juan Manuel, Reciclados Llorca, se acercan durante la mañana Jacobo, un instalador de gas con unas tuberías de hierro sobrantes por las que le dan dos euros (13 kilos);dos trabajadores de una empresa de construcción que están reformando un aparcamiento y acuden con los viejas máquinas expendedoras de los tickets;o José C., empujando un carrito con un tubo de escape y un bidón de hierro viejo parecido al de los castañeros.
«Yo no me dedico a esto, pero si le cambio el grifo a una señora, el viejo en vez de tirarlo lo traigo», explica Jacobo, quien se queja de que en la mayoría de las chatarrerías «te engañan con el peso». Dice que suele ir «cada dos o tres meses». Eso sí, es fiel a la misma «porque una vez me hizo un favor, estaba trabajando poniendo un toldo y en un descuido me lo robaron, fui por las chatarrerías para decirles que si se lo traían para venderlo me avisaran y el dueño de ésta me avisó». Precisamente Jacobo ve las sanciones de la nueva ordenanza de limpieza «una barbaridad» porque «hay mucha gente que vive de esto y además gracias a ellos no hay tanta basura por las calles porque la gente lo deja tirado. ¿Por qué Lipasam va a hacer negocio a costa de los pobrecillos? Si no les dejan recogerlo se van a dedicar a robarlo».
José también explica que lo de la chatarra es un complemento y asegura que no rebusca dentro de los contenedores sino que tiene un par de talleres mecánicos que le avisan cuando les sobran piezas y conocidos que le dan material cuando hacen obras. «Me dedicaba a la carga y descarga de pescado pero tengo una invalidez del 33 por ciento y cobro una pensión de 400 euros», explica. Hace un año que vende chatarra «y si saco 10 o 20 euros al día ayuda a mi hija, que tiene tres niños y está en paro». Sobre la ordenanza reconoce que ve «mal la gente que rebusca en los contenedores y tira la basura fuera, porque es un foco de infección, pero si lo echan al lado para que las criaturas lo recojan no hacen daño a nadie» al tiempo que piensa en «la pobre gente que busca incluso algo de comida en los contenedores junto a los mercados».
La chatarrería de Agustín, en la Plaza del Pelícano, es muy conocida y en su pequeña nave no para el trasiego durante toda la mañana, desde un joven que «en vez de tirar» sus pesas de gimnasia acude pensando que lo que le den en este caso 2,5 euros «algo es», hasta un albañil autónomo que se lleva 27,60 euros por 7 kilos de grifos de metal, 3,5 kilos de tuberías de cobre, otro kilo de cobre de cables y una lámpara de hierro. «Yo antes esto se lo daba al primero que pasara para que se ganara algo pero ahora que apenas te salen obras y además sudas para hacer un presupuesto y tienes que bajarlo hasta que casi lo regalas pues para que se lo lleve Lipasam me lo llevo yo», subraya visiblemente indignado. Es una opinión constante en el sector:que detrás de la ordenanza de limpieza que el Ayuntamiento justifica por cuestiones de salud pública en realidad hay un intento de acaparar el negocio por parte de Lipasam, que se encarga de la gestión de los residuos que se depositan en los puntos limpios (hay cuatro en Sevilla) o son retirados por el servicio de recogida a domicilio que ofrece. La última memoria anual de Lipasam señala que el año pasado la empresa municipal llevó a gestores autorizados para su aprovechamiento 17.678 toneladas de residuos selectivos, si bien no recoge los ingresos que obtuvo por ellos. Desde el Ayuntamiento no pudieron precisar ayer este dato.
Agustín asegura que «la chatarrería no vive de los que buscan en los contenedores». Dice que los operarios de las obras y particulares llevan muchas cosas de sus casas. Somieres que se rompen, lámparas viejas, planchas, ollas o grifos son algunas de las mercancías más comunes. Eso sí, tanto Agustín como Juan Manuel reconocen que tienen varios habituales que acuden casi a diario a sus locales con el carrito a cuestas lleno de lo que pillan. Y lo cierto es que Agresur cifra entre el 50 y el 90 por ciento la cantidad de mercancía que llega a las pequeñas chatarrerías por parte de estos recogedores. Esta asociación ha creado una entidad social para hacer un registro oficial de ellos y regularizar su actividad. De esta forma, defiende, se vigilaría que cumplen la normativa medioambiental, evitando por ejemplo que despiecen electrodomésticos en la calle o que vendan la chatarra a empresas no registradas como gestores autorizados de residuos.
