Las palabras de la nueva consejera de Justicia anunciando que no descarta nada para el proyecto de la Ciudad de la Justicia deja al descubierto a Chaves, que dio su respaldo a su ubicación del Puerto. El presidente garantizó que estaría en 2010 y que llegaría el Metro. Los sindicatos piden que se haga "ya".
Si Evangelina Naranjo, consejera de Justicia y Administración Pública, plantó cara al presidente de la Junta, Manuel Chaves, advirtiendo que no dejaría de opinar sobre la crisis interna del PSOE de Sevilla, el que frene el proyecto de la Ciudad de la Justicia con nuevas conversaciones, cabría interpretarlo como un nuevo desafío.
Tras conocerse el cambio de ubicación de Los Gordales al Muelle del Batán, Chaves dio su respaldo a la anterior consejera, María José López, asegurando que el complejo judicial, tal y como ella había anunciado, estaría "en pleno funcionamiento en 2010". Si esta fecha ya era difícil de alcanzar, el que ahora se deje sin plazo la construcción para retomar el diálogo con los sectores judiciales implica que Sevilla continúe por más años sin la tan necesitada sede judicial. El jueves, la propia Naranjo exponía que la construcción del complejo es "una prioridad de Chaves", pero, por otro lado, no quiso comprometerse a dar fechas porque "la prisa mata".
La frase clave de la nueva consejera fue: "No descarto nada". Con ella dejó la puerta abierta a todas las posibilidades: que se vuelva a retomar la opción de Los Gordales, pese al litigio judicial con el Estado -propietario de los terrenos- y que ha congelado el uso del suelo-, que se mantenga en el Puerto, o que se busque una nueva ubicación. Todo, después de que el proyecto en el Puerto dividiera a la Junta y a una parte del Ayuntamiento (IU).
El caso es que el presidente de la Junta incluso llegó a decir que un ramal de la Línea 1 de Metro llegaría hasta el Puerto si así lo exigiera el volumen de movimientos generados por la sede judicial. Una propuesta que no compartía la entonces consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, que días después puntualizó que antes habría que hacer un estudio de movilidad en la zona para detectar cuál es el mejor transporte.
El Consistorio tampoco quedó ajeno a la polémica, pues el PSOE se vio sólo apoyando la propuesta de la Consejería de Justicia. Su socio de Gobierno, IU, dejó claro desde el principio que no toleraría un cambio en el PGOU para que la sede judicial acabara en el Puerto y apostaba por Los Gordales, al igual que el PP. De hecho, ambos grupos políticos se aliaron para que finalmente el Pleno municipal exigiera a la Junta que diera marcha atrás en el cambio de localización. Un acuerdo que ahora el portavoz municipal popular, Juan Ignacio Zoido, reclama que se cumpla.
Los únicos que quedaban por hablar eran los sindicatos. Ayer, CSI-CSIF exigió la construcción "inmediata". "Nos da igual el terreno, mientras se construya "ya" no nos importa que sea en El Puerto, Los Gordales o El Prado", a la vez que pide "no marear más la perdiz".
