"Rajoy como Berlusconi". Después de que la maquinaria judicial apunte a la cúpula popular valenciana y de que un informe policial haya desvelado numerosos datos de la supuesta financiación ilegal del PP de Camps, los socialistas arremetieron contra Mariano Rajoy. "Le queda poco tiempo", avisó Chaves.
Mientras que en las filas populares hay ya quien lamenta que su dirigente, Mariano Rajoy, esté saliendo tocado de este escándalo y exigen un gesto de autoridad ante las últimas informaciones aparecidas sobre el caso Gürtel -la presunta trama de financiación ilegal del PP-, los socialistas han decidido elevar el tono.La estrategia es poner el foco en el líder de la oposición y así lo hizo ayer el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves.
Durante su intervención en la reunión de la interparlamentaria del PSOE andaluz, Chaves equiparó a Rajoy con el presidente del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, quien "para tapar su presunta corrupción amedrenta a los medios de comunicación". "Aquí Rajoy ataca a los jueces, fiscales y policías para tratar de garantizar la impunidad de sus dirigentes", señaló el líder socialista.
El también secretario general del PSOE andaluz exigió al líder de la oposición que ejerza su autoridad ante los líderes del PP valenciano. "Al señor Rajoy le queda muy poco margen, muy poco tiempo porque la trama Gürtel es una trama de corrupción que va desde la base del PP a la cúpula", afirmó Chaves.
En la misma línea la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, aseguró que el presidente del PP "está ahogado estos días entre trajes, espías y paradores" y es "incapaz de poner orden en su casa y, lo que es peor, incapaz de hacer una sola propuesta productiva para tratar de sacar a este país de esta situación de crisis económica", informó Europa Press.
En la rama madrileña de Gürtel hay 64 imputados, entre ellos el ex tesorero nacional del partido y senador Luis Bárcenas. Pero los acontecimientos de esta semana han sido definitivos y han abierto un nuevo frente. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha recurrido la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de dar carpetazo a la rama valenciana del caso Gürtel, que afecta a uno de los barones del PP más potentes, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a sus puntales en el partido y el Gobierno, Ricardo Costa y Vicente Rambla. El fiscal aprecia que Camps y altos cargos del PP en esa comunidad pudieron incurrir en un delito de cohecho al beneficiarse de regalos de trajes y otras prendas.
Ha sido definitivo también un informe policial que ha salido a la luz pública en las últimas semanas y que indica que la dirección regional del PP organizó una financiación ilegal del partido a través de la firma Orange Market, vinculada a la trama empresarial del caso Gürtel y dirigida por El Bigotes, presunto cabecilla del entramado.
La dirección nacional del PP dio muestras de pretender un cambio y quiso tener un gesto de autoridad. Así al menos se interpretó que la secretaria general del partido,María Dolores de Cospedal, pidiera contundencia ante las últimas informaciones del caso. Pero ese mensaje se ha ido diluyendo a lo largo de la semana y quedó totalmente enterrado después del almuerzo que Rajoy mantuvo con Camps el pasado viernes y que dejó claro que no se exigirán dimisiones en el PP valenciano, al menos hasta que haya una decisión judicial firme.
Réplica. El vicesecretario de Comunicación del partido, Esteban González Pons, salió a replicar al vicepresidente tercero del Gobierno asegurando que "cada día está menos claro si es Chaves o Chávez".
En un comunicado, González Pons cargó contra el ex presidente andaluz por el caso Matsa. Los populares han llevado al Tribunal Supremo la ayuda de 10 millones de euros que la Junta concedió a una empresa en la que trabaja la hija del dirigente socialista.
La Fiscalía del Alto Tribunal ha pedido el archivo de la querella por no advertir delito ni irregularidades. "Se ha aprovechado de su puesto en el Gobierno para tener un trato favorable de la Fiscalía mejor que el que reciben el resto de los españoles", dijo González Pons. "Debería sentir un poco más de vergüenza", señaló. También advirtió a Pajín de que "es la persona menos indicada para hablar de poner orden en casa". "80.000 parados en septiembre son motivo suficiente para pedir perdón a los españoles", concluyó.