I. C. N.
Hoy comienza la cuenta atrás. Será cuando Manuel Chaves estampe su firma en el decreto de disolución del Parlamento, una potestad que le corresponde como presidente de la Junta y que conduce directamente a la convocatoria de las elecciones. La llamada a las urnas a los andaluces tiene fecha: el 9 de marzo.
A partir de hoy, comienza un periodo de transición en el que la actividad del Gobierno andaluz pierde protagonismo y son los partidos políticos los que pasan a un primer plano. El primer indicio de ello es que hoy es el último día que tienen las administraciones públicas para publicitar sus logros porque, una vez convocadas las elecciones, la ley impide que se paguen con dinero público campañas que no sean meramente informativas.
El Consejo de Gobierno se seguirá reuniendo todos los martes hasta la semana de las elecciones, aunque con dos consejeros nuevos: los sustitutos de Cándida Martínez y Concepción Gutiérrez, titulares de Educación y Obras Públicas, respectivamente. Ambas responsables autonómicas tienen que renunciar a sus cargos, también por imperativo legal, para poder ir en las listas al Congreso de los Diputados. Ponen fin de este modo a su actividad en la política autonómica. La intención de Manuel Chaves es relevarlas en este breve periodo de tiempo por sus viceconsejeros, lo que deja al Ejecutivo autonómico con mayoría masculina después de una legislatura caracterizada por lo contrario.
transparencia y cesantías. También a partir de hoy cambian las cosas para los diputados del Parlamento andaluz. Una vez disuelta la Cámara, se abre por primera vez en la historia de la autonomía un periodo de tiempo para que puedan solicitar sus censantías, una prestación económica equiparable al paro que pueden empezar a pedir a partir del 1 de febrero.
Este derecho para los parlamentarios fue aprobado en esta legislatura para facilitar su reingreso en la vida laboral una vez que abandonan la actividad pública, facilitando así que se atrevan a ir en una lista electoral trabajadores cuya actividad profesional requiere un periodo de adaptación amplio.
El Parlamento andaluz ya cuenta con una partida de 1,5 millones de euros para hacer frente a este gasto. Aunque a partir del día 1 todos los diputados pueden solicitar la ayuda -equivalente a su sueldo como parlamentario y cobrando tres mensualidades por cada legislatura con escaño, por un periodo máximo de un año-, los miembros del Grupo Popular renunciaron por escrito en mayo de 2005 a este derecho, sobre el que construyeron en su día una monumental bronca política.
Esta precampaña estrena además transparencia. Antes del 19 de febrero, todos los candidatos al Parlamento deberán publicar en internet una declaración de bienes y actividades.
