El presidente de la Junta, Manuel Chaves, se mostró ayer confiado en que la justicia imponga una "sanción ejemplar" a los responsables de las irregularidades urbanísticas cometidas en Marbella para que "no se provoque ningún tipo de alarma social".
El jefe del Ejecutivo andaluz no quiso valorar el posible acuerdo entre la Fiscalía y las defensas de los ex ediles marbellíes implicados en estos casos "hasta que los jueces no se pronuncien".
La pasada semana se daba a conocer el inicio de las negociaciones entre el Ministerio Público y los abogados de los ex concejales del Ayuntamiento de Marbella imputados en estos procesos. El objetivo de este "convenio tácito" es agilizar la tramitación del cerca del centenar de procedimientos judiciales que quedan pendientes, que podrían colapsar los juzgados, lo que conllevaría evitar la celebración de las vistas orales y la reducción de las penas de los imputados a un máximo de seis años de prisión.
Chaves aseguró: "Espero que las sentencias se correspondan con aquello que la ciudadanía espera, es decir, el cumplimiento de la ley y si cabe en función de esa ley, una sanción ejemplar". El presidente andaluz añadió confía "en el Estado de derecho y en la justicia, que ha actuado muy bien a lo largo de los últimos años".
En cuanto al acuerdo, indicó que no va a adelantar ninguna opinión hasta que los jueces no se pronuncien. "Si cuando lo hagan no estoy de acuerdo con la sentencia, acataré la resolución, pero mostraré mi desacuerdo", añadió. Además, afirmó que "no hay que adelantarse, ya que, por la información de que dispongo, es sobre una serie de presuntos delitos, no sobre la totalidad de los presuntos delitos cometidos".
"Pruebas" de la negociación. Pablo Luna, el abogado de uno de los ex ediles imputados, Rafael González, calificó el juicio de la pasada semana contra el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, y otros siete ex concejales por presuntas irregularidades urbanísticas, de "la primera manifestación pública" de la negociación. El pacto se tradujo en una sentencia firme que ninguna de las partes recurrió, y que redujeron las penas inicialmente pedidas por la Fiscalía, que eran de dos años de prisión para cada uno de los acusados a seis meses de cárcel y a el pago de una multa de 10.800 euros.
