I. Carretero / I. Morillo
La octava será una legislatura de gestión. Toca sacar a la calle los efectos prácticos del nuevo Estatuto y poner en circulación un buen puñado de medidas con repercusión en la vida diaria de los andaluces. Manuel Chaves afrontó su sexto mandato con un discurso que convirtió en un detallado y preciso calendario de su programa.
El Gobierno andaluz se pasó los últimos cuatro años inmerso en el ambicioso proyecto político de reformar el Estatuto de Autonomía. Le llovieron críticas por estar absorto en un debate político lejos de los ciudadanos. La baja participación en el referéndum que aprobó la carta andaluza -rondó el 37%- dio alas a esa teoría. Ahora el Ejecutivo de Manuel Chaves aparece dispuesto a dar la revancha y promete desplegar en cuatro años las bondades del Estatuto: su cara más social. Y con plazos y fechas que comprometen mucho la gestión del futuro Gobierno con el que contará Chaves.
Durante su discurso, antes de ser investido hoy por sexta vez consecutiva presidente de la Junta, aparcó los grandes anuncios políticos y desmenuzó al detalle algunas de las promesas más destacadas con las que el PSOE andaluz ha concurrido a las elecciones. Medidas que la oposición despreció colgándoles la etiqueta de "gratis social" y que se dirigen en su mayor parte a aliviar el bolsillo del ciudadano de clase media en pleno clima de desaceleración económica. Medicinas gratis para los bebés hasta un año, 300 euros al mes para los erasmus, dentista para las embarazadas, libros de texto sin coste o un incremento de las ayudas a las pensiones más bajas (no contributivas y asistenciales). Todas éstas se harán realidad desde ahora mismo hasta final de año, según la palabra del dirigente autonómico. Extender el Estado del Bienestar el clima de crisis es el gran reto.
La hoja de ruta, advirtió el líder ocialista, será cumplir el Estatuto. La guía principal: el programa electoral, que se cumplirá -prometió- como si fuera un contrato con los ciudadanos.
Diálogo. El diálogo es la otra seña de identidad con la que Chaves quiere marcar esta octava legislatura, en la que de nuevo los socialistas gozan de mayoría absoluta -tienen 56 de los 109 diputados del Parlamento frente a 47 del PP y seis de IU-. De nuevo tendió la mano a la oposición para desarrollar el Estatuto, especialmente en lo que se refiere a derechos sociales y modernización de servicios públicos fundamentales como la educación o la justicia. También llamó al consenso para elegir al futuro director de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y para pactar los pilares de la financiación autonómica o la deuda histórica.
En plena guerra del agua después del trasvase pactado por Zapatero para llevar agua del Ebro a Barcelona, Chaves planteó a los grupos de la oposición la necesidad de pactar una política de aguas propias y sacar adelante la ley que la anterior legislatura volvió al cajón de Medio Ambiente. Igualmente recordó la importancia del traspaso del Guadalquivir, que según los plazos aprobados se hará plenamente efectivo en julio, y que dejará en manos de la Junta, en colaboración con el Estado, la gestión de su principal recurso hídrico.
La ley de vivienda, que garantiza que las familias andaluzas puedan tener un piso sin superar un tercio de sus ingresos, llegará al Parlamento el próximo otoño -estaba prevista para antes de verano-. La norma que regulará una renta básica para las rentas más desfavorecidas está también ya en la casilla de salida, al igual que la creación de la Agencia Andaluza para la Dependencia. La beca de 6.000 euros para evitar que alumnos sin ingresos y buen expediente abandonen el Bachillerato se aprobará el curso 2008-2009.
Chaves entonó dos veces el mea culpa. No sólo por las carencias en el sistema judicial, destapados tras el escándalo del caso Mari Luz; también por las políticas de ordenación del territorio. Habrá una Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para reforzar éste área y la Junta, advirtió Chaves, será "muy rigurosa" con el urbanismo.
