China, país con grandes intereses petroleros en Sudán, mostró el martes su "grave preocupación" por la orden de detención del presidente sudanés, Al Bachir lanzada por la Corte Penal internacional. Pekín confirmó que está estudiando, con otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, la posibilidad de ejercer su derecho al veto.
El gobierno chino expresó ayer su gran preocupación por la petición de la Corte Penal Internacional (CPI) de una orden de detención contra el presidente sudanés, Omar Hasan al Bachir, por el genocidio en la región de Darfur. "China expresa su grave preocupación y reticencias sobre los fiscales de la CPI", señaló el portavoz de turno del Ministerio chino de Asuntos Exteriores, Liu Jianchao.
"La CPI tendría que ayudar a salvaguardar la estabilidad de la situación de Sudán y lograr una solución adecuada para la región, y no lo contrario", señaló el portavoz chino, cuyo país, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, compra buena parte del petróleo del gobierno de Al Bachir.
Pero antes de usar su derecho al veto para bloquear la acción legal, China está "consultando con otros miembros del Consejo y espera alcanzar un consenso con las partes implicadas".
La decisión de la CPI supone una disyuntiva para Pekín, dividido entre su necesidad de petróleo y salvar su imagen a menos de un mes de los Juegos Olímpicos, cuando su apoyo a Jartum ya le ha costado numerosas críticas y la negativa del cineasta Steven Spielberg a ser asesor en la ceremonia de inauguración del 8 de agosto.
Los países árabes del Golfo Pérsico se han sumado a estas críticas, ya que la orden de detención "no ayuda al logro de la paz" en la conflictiva región de Darfur. "Esta petición es una intervención en los asuntos internos de Sudán, y no ayuda a los esfuerzos para restablecer la paz en Darfur y en otras región de ese país", dijo el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) Pérsico, Abdelrahman al Atiya.
Al Atiya instó a la CPI que "no adopte ninguna decisión que apoye la solicitud del fiscal" de esa corte, Luis Moreno Ocampo, quien acusó a Bachir de genocidio en Darfur, escenario de un conflicto armado entre grupos opositores y las tropas gubernamentales y milicias árabes desde 2003. Desde ese año, unas 300.000 personas han muerto y más de dos millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares por ese conflicto, según la ONU.
Los países del CCG -Arabia Saudí, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán y los Emiratos Árabes Unidos- "respetan la legalidad internacional, y respaldan todo esfuerzo destinado al logro de la estabilidad, la unidad y la soberanía de Sudán", concluyó Al Atiya.