El paso de la antorcha olímpica por la capital del Tíbet, Lhasa, ha servido para que las autoridades chinas hayan liberado a 1.157 manifestantes tibetanos que participaron en las protestas de marzo, según informó el Gobierno chino a la agencias de noticias Xinhua. Una medida que servirá para lavar la imagen del país.
Unas horas más tarde del anuncio de la liberación de presos, Dawa Yangzom, profesora tibetana de 32 años, inició ayer el relevo de la antorcha a su paso por Lhasa tras un minuto de silencio por el terremoto del 12 de mayo en Sichuan, un relevo que ha disparado las protestas de grupos tibetanos en el exilio que temen más protestas en el Tíbet.
Un total de 156 portadores se sucedieron cada 30 segundos en el recorrido de 9,3 kilómetros en Lhasa que finalizó a las 10.45 hora local en el palacio de Potala, ex residencia del Dalai Lama, líder espiritual y político tibetano exiliado en India desde 1959. Según datos de la agencia oficial de noticias Xinhua, la mitad de los portadores eran de etnia tibetana y la otra mitad, china.
Los corresponsales trasladados al Tíbet, accesible para la ocasión tras ser cerrado al exterior después de las protestas, señalaron que el recorrido de la llama se produjo sin altercados, aunque el inicio del relevo en Lhasa se vivió en un clima de tensión por el intenso despliegue de fuerzas de seguridad para sofocar cualquier atisbo de revuelta.
Según el vicepresidente ejecutivo de la región autónoma china, Palma Trily, los tribunales tibetanos decidieron liberar a estos más de mil manifestantes por haber sido acusados de delitos menores, aunque añadió que 12 manifestantes fueron condenados por su implicación en las revueltas del 14 de marzo contra el poder chino.
En total 42 personas recibieron sentencias desde marzo por sus "actos en las revueltas", tales como incendios, robos y asaltos a órganos del estado, mientras que otros 116 manifestantes están a la espera de ser juzgados. Nada dijo el tribunal acerca de los condenados por la supuesta muerte de 20 civiles de la etnia Han (mayoritaria china) a manos de lo que el Gobierno considera manifestantes tibetanos violentos, un extremo que no ha podido ser contrastado porque Pekín mantiene cerrada la región.
La liberación de los manifestantes se produce dos días después de que Amnistía Internacional pidiera cuentas sobre ellos, detenidos tras la represión militar china de las protestas que, según el gobierno tibetano en el exilio, causó 140 muertos. Organizaciones como Human Rights in China y Students for a Free Tibet han condenado el despliegue de fuerzas de seguridad en el Tíbet por el paso de la antorcha olímpica.
