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Ciega, sorda y torpe

Un Estado de Derecho que mantiene la Justicia en su situación actual es sólo una simulación. Cualquier declaración grandilocuente es una impostura y los actores principales del desaguisado (políticos y miembros del Consejo General del Poder Judicial) son cooperadores necesarios del bochorno monumental: 270.000 sentencias penales pendientes de ejecución.

el 15 sep 2009 / 04:34 h.

Un Estado de Derecho que mantiene la Justicia en su situación actual es sólo una simulación. Cualquier declaración grandilocuente es una impostura y los actores principales del desaguisado (políticos y miembros del Consejo General del Poder Judicial) son cooperadores necesarios del bochorno monumental: 270.000 sentencias penales pendientes de ejecución.

El Estado de Derecho no se construye con discursos que apelan a la extensión de derechos, con políticas que prometen blindar las garantías constitucionales que a todos nos protegen ni con palabrería hueca. Esa Arcadia feliz a la que aspiramos sólo existirá cuando, de forma efectiva, se garantice el disfrute de los derechos y se salvaguarden todas las garantías constitucionales de que disponemos. El resto, pura retórica de ocasión. Una madeja que teje y desteje el Ejecutivo de turno según la temporada en la que nos encontremos y dependiendo de lo gruesa que sea la crisis que se le viene encima. Una sola sentencia que quedara por ejecutar sería un acto de injusticia con consecuencias imprevisibles y un desaire a los afectados insostenible, pero 270.000 son sencillamente una barbaridad. Tanto por lo que indican respecto a la ineficacia de la Administración y de los poderes públicos que la tutelan como por el riesgo social y las tragedias que se adivinan debajo de ese espeso incumplimiento. Si un solo caso, el de Mari Luz -asesinada presuntamente por una persona que en cumplimiento de una sentencia debería haber estado en prisión- ha revelado con toda crudeza las consecuencias de la ineficacia judicial, asusta pensar qué caterva de pederastas, asesinos o violadores puede estar hoy en la calle reincidiendo mientras sus sentencias aguardan en un cajón a que una mano providencial las ejecute.

El informe del CGPJ que ha detectado esas 270.000 sentencias sin ejecutar en toda España demuestra hasta qué punto estamos ante un modelo agotado. Corroído por dentro por la termita de la ineficacia, la falta de recursos y desprestigiado por fuera. El ejemplo es recurrente pero riguroso: Hacienda es el paradigma de la eficacia administrativa, del control de datos, de la transversalidad en el acceso a la información desde cada departamento. Es una administración rápida y eficaz, comprometida y cumplidora con los plazos. El ejemplo a seguir por la Justicia aunque su naturaleza sea bien distinta. Un departamento que suscita confianza.

Pero el conocimiento y la constatación de la realidad del colapso judicial -"lentitud endémica" ha proclamado el ministro Bermejo recurriendo a un eufemismo defensivo- no permite ser optimistas. El CGPJ debería dar explicaciones sobre su dejación hasta llegar al punto actual. Un embrollo tan difícil de justificar ahora como complicado es para los ciudadanos entender que el gobierno de los jueces haya puesto más energías en la disputa política por bloques perfectamente alineados que en resolver los problemas del día a día.

Las administraciones tienen por delante un exigente calendario de inversiones. A la vez, es probable que la situación requiera reformar el acceso a los puestos de funcionarios de la administración de Justicia, que requiere personal especializado y experimentado capaz de resolver y tramitar con celeridad y rigor -desde la responsabilidad que le corresponda en el escalafón administrativo- los expedientes judiciales.

Y ahora que la nueva consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, acaba de anunciar el enésimo parón a la Ciudad de la Justicia de Sevilla, sin que haya descartado un replanteamiento integral del proyecto, conviene recordar que la administración de Justicia no es un asunto de jueces, fiscales y abogados, sino de ciudadanos. O sea, de los justiciables. Quizás así, desde ese punto de vista, se comience a trabajar en serio para garantizar a los ciudadanos los instrumentos que nos permiten afirmar que vivimos en un Estado de Derecho. Mientras tanto, estamos sumergidos en la amenaza de una administración chapucera y torcida.

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