La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, quiere que el anteproyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que lleve el próximo 12 de marzo al Consejo de Gobierno para su aprobación cuente con el respaldo de todas las comunidades autónomas, es decir, busca un documento de consenso en el que se recojan las propuestas de todas las autonomías.
Para ello presidió ayer en Sevilla el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, que está compuesto también por los consejeros de las comunidades autónomas. Un encuentro del que salió satisfecha, porque fue "positivo, tanto en el tono como en la intención". Garmendia, sin embargo, evitó dar explicaciones sobre las sugerencias presentadas por los diferentes consejeros, "porque todavía no he recibido por escrito todas las propuestas, que tendrán que estar presentadas el viernes -por mañana-, y a partir de ese momento las estudiaremos de forma bilateral".
La ministra afirmó que está abierta a integrar al documento las iniciativas que le realicen desde las autonomías, porque desea aprobar una ley de consenso, algo que, según dijo, ya se está haciendo, puesto que recordó que la semana pasada se reunió el grupo de trabajo de los directores generales "y ya se han tenido en cuenta propuestas".
Cristina Garmendia admitió que algunas comunidades se mostraron expectantes a cómo les podrá afectar la nueva ley a sus competencias, aunque la ministra aseguró que se intentará llegar a un acuerdo, porque la intención del Gobierno es "respetar al máximo" sus competencias. Respecto al impacto económico que puede suponer, la ministra también afirmó que las autonomías no tienen nada que temer.
Las comunidades que son más prudentes a la hora de analizar el documento son las del PP. Estiman que la norma no está suficientemente dotada económicamente, por lo que temen que ello pueda tener un coste económico. Algo que la ministra negó tras el encuentro, al asegurar que la ley tiene su memoria económica y que las autonomías no se verán perjudicadas.
Esta nueva ley sustituirá a la actual, que data de 1986, y como novedades más destacadas incluye la eliminación de las becas. Los investigadores tendrán contratos, podrán ser funcionarios de carrera o interinos, y personal laboral, fijo o temporal. Con esta medida se pretende eliminar la figura del investigador como eterno becario. Además se mejorará la movilidad de los investigadores españoles.
Asimismo, el texto incorpora medidas dirigidas a lograr un sistema de I+D+i más eficiente y eficaz en el funcionamiento de los agentes -particularmente de los organismos públicos de investigación- y también en la gestión de los fondos públicos, para ello se prevé la conversión de las actuales unidades gestoras a una nueva estructura de gestión, que será la futura Agencia Española de Investigación, mucho más moderna, estable y flexible, según el propio Gobierno.
Por último, el Ministerio de Ciencia resalta que la nueva ley nace del compromiso con el desarrollo de una verdadera sociedad del conocimiento y el impulso a una economía más sostenible, por lo que, remarca el ministerio, el documento incluye las acciones necesarias para impulsar el desarrollo de un entorno proclive a la investigación.
En este sentido, Garmendia remarcó que la estrategia estatal de innovación irá en la nueva ley, algo que también "será consensuado y debatido con las comunidades autónomas".
